Violencia y graves violaciones a derechos humanos

Diagnóstico ///

La violencia, la delincuencia y la impunidad se mantienen entre las principales problemáticas en el estado de Puebla. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del INEGI, al cierre de 2022, Puebla ocupó el quinto lugar a nivel nacional con la mayor tasa de incidencia delictiva, con 32,656 ilícitos por cada 100,000 habitantes; aunado a que el 78.3% de las personas encuestadas considera que Puebla es un estado inseguro. Pese a esto, la encuesta refleja una cifra negra en el estado del 93.2%, ya que solo se inició una carpeta de investigación en el 6.8% de los casos, lo que evidencia un alto grado de impunidad que deriva en la prevalencia de violaciones graves a derechos humanos: las desapariciones de personas, los feminicidios y la trata de personas.

Por ejemplo, de acuerdo con datos publicados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de las más de 114,000 personas desaparecidas que se reconocen a enero de 2024 a nivel nacional (cuyos casos son atravesados por la impunidad casi absoluta1), en Puebla se registran 3,277, de las cuales el 39% son mujeres; vale destacar que, según el mismo RNPDNO al corte de diciembre, el 2023 es el año con más desapariciones registradas —1,034 registros—. En el contexto poblano, a pesar de la existencia de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado2, siguen pendientes registros y mecanismos que la misma legislación obliga, como la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, cuya iniciativa, elaborada desde la IBERO Puebla en conjunto con el colectivo Voz de los Desaparecidos y la diputada Mónica Silva Ruiz, se presentó el 5 de octubre de 2023 en el Congreso del Estado, así como el Programa Estatal de Búsqueda y el Banco Estatal de Datos Forenses, por citar solo algunos. En esta crisis de desaparición, son los colectivos de familiares de personas desaparecidas quienes realizan acciones eficientes y sensibles de búsqueda e investigación, supliendo las obligaciones del Estado y denunciando desde la dignidad las faltas y omisiones de las autoridades en la materia.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Puebla, entre enero del 2020 y noviembre del 2023 se han registrado 145 víctimas de feminicidio, mientras que el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ documentó hemerográficamente, en el mismo periodo, 224. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre del 2023, comparativamente con el mismo periodo del 2022, las víctimas de homicidios dolosos contra las mujeres en el estado disminuyeron 38%; la violencia familiar aumentó 7%, y las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres se mantuvieron en 35 al día en promedio.

Sobre los delitos relacionados con la violencia de género contra las mujeres, algunos de los principales retos institucionales son: analizar los delitos con perspectiva de género, acreditar las razones de género en los casos de feminicidio, y evitar la dilación en las investigaciones y la impunidad asociada a la falta de sanción de los responsables. Aunado a ello, pese a que desde el 2019 existe una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 50 municipios del estado, estas agresiones en sus distintos tipos y modalidades no han disminuido sustancialmente, a lo cual hay que agregar que, respecto del Dictamen sobre la Implementación de las Medidas de la AVGM3, Puebla solo ha cumplido 1 de las 45 medidas contempladas.

Con respecto a la trata de personas, la clandestinidad en la que opera este negocio y la cosificación de las personas asociadas a una oferta-demanda, que responde a un sistema capitalista y patriarcal, son elementos claves que mantienen la invisibilidad de la comisión de este delito y obstaculizan su persecución, lo cual favorece la impunidad. De acuerdo con el SESNSP4, entre enero y agosto de 2023, Puebla se ubicó en el 5o lugar con más víctimas mujeres de trata de personas a nivel nacional. De acuerdo con información de la FGE5, de 2020 al primer semestre de 2023 se presentaron 140 denuncias y se rescató a 128 víctimas; en promedio, 6 de cada 10 son mujeres. Sin embargo, las autoridades estatales no brindaron reportes claros sobre las modalidades de explotación a las que fueron sometidas las víctimas, pero, en términos generales, se ha identificado que suele tratarse de explotación sexual.

1 Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención (12 de abril 2022), párr. 25 a 27.

2 Publicada el 2 de septiembre de 2021 después de la presentación de una iniciativa el 15 de julio de 2020 trabajada por el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, el IDHIE y la entonces Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la omisión en su aprobación llevó al Colectivo a permanecer más de 45 noches en la calle en exigencia de la misma (Guzmán, 2021).

3 SEGOB; CONAVIM. Dictamen sobre la implementación de medidas de alerta de violencia de género contra las mujeres. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/838823/69.__Dictamen__Puebla__VF.pdf

4 SESNSP. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911. Con información con corte al 31 de agosto de 2023. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/19wXac8xDT4MV8QXK2ZhgrWWoCR9hNBYp/view

5 Solicitudes de acceso a la información pública con número de folio 210421522000489, 210421522000825, 210421523000074, 210421523000069 y 210421523000953

Postura ///

Frente al agravamiento de las violencias y graves violaciones a derechos humanos, aunado al contexto de impunidad y debilitamiento institucional que prevalece en la entidad, es indispensable reforzar las políticas públicas de prevención del delito desde una perspectiva integral y de seguridad ciudadana, con perspectiva de género, que coloque en el centro las necesidades de las víctimas, su atención y la reparación integral del daño. Además, es urgente el fortalecimiento institucional de las instancias estatales encargadas de la prevención de los delitos, la atención a víctimas y la impartición de justicia, garantizando una efectiva y continua vinculación con los colectivos de víctimas directas e indirectas y las organizaciones de la sociedad civil.

Propuestas ///

Crear los mecanismos y bancos ordenados por la Ley Estatal de Búsqueda que siguen pendientes, como el Programa Estatal de Búsqueda y el Banco Estatal de Datos Forenses, así como, legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia.

Garantizar el trabajo coordinado de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

Fortalecer la estructura y la operación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres y de la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General del Estado, y adoptar medidas para institucionalizar sustantivamente la transversalización de la perspectiva de género en la investigación de estos delitos.

Garantizar la implementación y la adecuada operación del Protocolo Alba y de la Alerta Amber, así como indagar en la posible vinculación de la desaparición de personas, trata de personas y feminicidios. A partir de ello, elaborar mapas regionales que den cuenta de la comisión de estos delitos a nivel estatal.

Fortalecer la FGE para garantizar que las investigaciones en materia de graves violaciones a los derechos humanos se realicen con la debida diligencia, con la finalidad de sancionar a los responsables y garantizar una reparación integral del daño a las víctimas, así como garantías de no repetición.

Concretar la integración del Programa Estatal para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas, y crear políticas públicas que ayuden a combatir este delito.

Referencias