Ante el alto crecimiento poblacional y urbano falta un ordenamiento territorial y de desarrollo urbano que garantice la protección de la naturaleza, los derechos humanos y el crecimiento sostenible. Del total de municipios de la entidad, solo el 26% cuenta con algún instrumento de planeación territorial y apenas el 17% con atlas de riesgo, lo que configura un escenario de tensiones. El observatorio del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) registra la permanencia de 60 casos de conflictos socioambientales en el estado, el cual se ubica en el segundo lugar nacional en la agresión a defensores de la tierra y el territorio. El deterioro de los ecosistemas ha llevado a la pérdida de biodiversidad. Entre 2018 y 2022, Puebla perdió más de 1,000 hectáreas de bosque húmedo que albergaban el mayor número de especies amenazadas o en peligro de extinción. Los incendios forestales han afectado más cobertura vegetal en 2022 que en 2018. En materia de residuos sólidos urbanos, de 94 sitios de disposición final, 47 no cuentan con ninguna infraestructura. En las siete regiones del estado, existen 19 sitios de disposición que representan un alto riesgo ecológico y sanitario, en tanto 70 están en riesgo medio a moderado, de acuerdo a CENAPRED.
La contaminación y la falta de acceso a agua potable sigue sin atenderse eficazmente. La potabilización ha sido puntual y el saneamiento ha consistido en obras para la recolección de aguas residuales y el monitoreo de su calidad. No se ha cumplido con el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac y se han implementado pocas acciones para atender la Recomendación 10/2017 de la CNDH.
En cuanto a avances, se tienen el desarrollo del Sistema de Información Territorial del Estado de Puebla (SITEP), la firma del convenio entre el gobierno estatal y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la actualización de planes de desarrollo urbano municipal; la creación de la Gerencia de Manejo del Fuego para monitorear el área de vegetación natural dañada por incendios, y la ampliación del Área Natural Protegida Estatal Flor del Bosque a 1,500 hectáreas. Se han verificado algunas plantas de tratamiento y de aguas residuales municipales, inspeccionado comercios e industrias, y firmado convenios con empresas en la cuenca. Asimismo, la autoridad ambiental cerró rellenos sanitarios en donde existen anomalías y promovió la construcción participativa de la Estrategia de Bioeconomía Circular.
Con relación a la calidad del aire, se ha logrado una mejora al reducir el número de días fuera de norma en un 60% entre 2019 y 2022. Se ha reactivado el programa de verificación vehicular en la entidad, pero no se ha publicado la actualización del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE). Se ha expandido la Red Estatal de Monitoreo Atmosférico a San Martín Texmelucan, Atlixco y Tehuacán. Se ha sancionado a empresas y dado asesoría para el cumplimiento con la normatividad ambiental. Respecto a cambio climático, se creó el Consejo Técnico y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Puebla para dar cumplimiento a la normatividad federal. Se han desarrollado instrumentos de gestión, como la Estrategia Estatal de Cambio Climático, el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, y el Programa Estatal de Eficiencia y Transición Energética. Se está trabajando en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero y Compuestos Contaminantes y en el Programa de Acción Climática. En cuanto al desarrollo de proyectos de energía limpia, se avanzó en escuelas solares y algunos proyectos de generación distribuida, así como en foros relacionados con el tema.
Es crucial garantizar el derecho a un medioambiente sano en el estado de Puebla. Para ello, deben generarse opciones sustentables e incluyentes que promuevan la justicia ambiental. Urge la publicación de ordenamientos ecológicos y urbanos para las diversas regiones del estado, así como trabajar arduamente en el cumplimiento del Estado de derecho y en la participación activa de los diversos actores que habitan el territorio.
Concretar planes de ordenamiento territorial y ecológicos municipales y por zonas metropolitanas, con la participación de los actores, que garanticen la protección de la biodiversidad y el crecimiento sustentable mediante la alineación de normas, reglamentos y estrategias de largo plazo en resguardo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes del territorio.
Prevenir y atender la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación del agua de acuerdo con la normatividad vigente. Garantizar la cobertura de los servicios de agua potable de calidad, así como el saneamiento en áreas rurales y urbanas.
Elaborar un plan integral para el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac con el esfuerzo articulado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, la sociedad civil organizada, académicos e industriales, para reducir los daños provocados por la contaminación antropogénica en la salud poblacional y en el medioambiente, así como para reducir el riesgo a la seguridad hídrica.
Diseñar protocolos ante contingencias ambientales para reducir la concentración de contaminantes por las emisiones de vehículos e industrias, exhalaciones del volcán o incendios forestales, para así disminuir los impactos sobre la salud de la población.
Instrumentar programas de adaptación al cambio climático y fortalecer a los municipios para que las comunidades más vulnerables, mediante educación ambiental que concientice a la población de su contribución al cambio climático, encuentre cómo pueden reducir su impacto y maneras de adaptarse para reducir su propia vulnerabilidad.
Impulsar una política de educación ambiental sobre cultura ambiental y la separación de los residuos para reducir la demanda por nuevos rellenos sanitarios.