Diagnóstico ///

De acuerdo con CONEVAL, Puebla se ubica como la cuarta entidad más pobre del país y como una de las más desiguales (ENIGH-2022). El estado cuenta con una población rural de casi 27% distribuida en pequeñas localidades, lo que obstaculiza tanto el servicio educativo como el acceso y disponibilidad de recursos pedagógicos, lo que incrementa las dificultades de los estudiantes para ingresar, asistir y permanecer en la escuela, situación que se hizo más evidente durante la pandemia por COVID-19 que afectó al sistema educativo estatal y a los estudiantes y profesores de todos los niveles educativos.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.1 (nivel nacional: 10.3 grados); un 7.1% de poblanos con más de 15 años son analfabetas (nivel nacional 4.7%); 16.5% de jóvenes de entre 15 y 24 años están desempleados y no matriculados; de cada 100 personas de 15 años y más, solo 52.2 tienen la educación básica concluida y apenas 3 de cada 10 jóvenes ingresan a la educación superior (INEGI, 2023).

En lo que respecta al magisterio, la evaluación docente que realizaba el INEE fue cancelada en el actual sexenio y no se cuentan con datos para definir qué proporción de esta población cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su labor. Por otro lado, si bien en las últimas aplicaciones de la prueba PLANEA Puebla había logrado una mejora notable en los resultados de aprendizaje hasta el 2019, en las escuelas indígenas, comunitarias y públicas se obtuvo el mayor porcentaje de alumnos con niveles de logro más bajos. Estas instituciones son las que registran más carencias en la entidad. Adicionalmente, nuestro estado se ha caracterizado por un aumento en la oferta educativa a nivel superior y, en el último año, un incremento en la matrícula, después de la disminución sufrida a causa de la pandemia; aunque no se aprecia la aplicación de medidas rigurosas para el cumplimiento de estándares mínimos de calidad educativa.

Por último, la falta de continuidad y la inconsistencia de las estrategias y políticas educativas que cada sexenio se implementan obstaculiza la resolución de los problemas de rezago y calidad propios de nuestra entidad y que se vieron incrementados por la forma en que se pusieron en marcha los procesos educativos durante la pandemia, que hicieron aún más grande la brecha entre los que tienen acceso al conocimiento y la educación y aquellos que no lo tienen.

Postura ///

Creemos firmemente que el derecho a la educación es la base para el desarrollo armónico del ser humano y un pilar fundamental de toda sociedad. La educación de calidad es la condición esencial para el disfrute de los derechos y esta debe ser para todas las personas, de manera que la población tenga no solo acceso a ella, sino además se ofrezcan las condiciones materiales, socioafectivas y pedagógicas necesarias para que, efectivamente, se pueda aprender (justicia y equidad educativa), considerando los estragos que en materia educativa heredó la pandemia. Por ello, se requieren programas que permitan avanzar hacia el cumplimiento de este derecho, incidiendo en políticas públicas eficaces para todos los niveles educativos.

Propuestas ///

Reducir el rezago escolar que ya existía antes de la pandemia y que se exacerbó durante y después de esta, a partir de metas y acciones concretas y focalizadas en función de los municipios y escuelas con resultados y condiciones más desfavorables, a través de la implementación de estrategias de acompañamiento. Se sugiere revisar los programas de CONAFE, para que respondan de mejor manera a las necesidades de niños y jóvenes indígenas.

Reforzar la colaboración entre SEP, docentes y actores correspondientes para atender el rezago educativo generado por la pandemia, atendiendo las desigualdades en el logro del aprendizaje que están enfrentando los docentes y que requieren estrategias definidas para ayudar a sus estudiantes a mejorar en los aprendizajes sustanciales para continuar con su formación académica.

Es necesario que la SEP defina una estrategia para retomar la evaluación educativa con enfoque de equidad que permita “emitir juicios respecto de la relevancia, efectividad, eficiencia, impacto y sostenibilidad de políticas, programas y proyectos a fin de determinar si se están cerrando las brechas y aumentando la tasa de progreso de los grupos sociales en mayor desventaja”, como lo había señalado el INEE (2014) en años anteriores a su desaparición. Además, generar estrategias para articular la evaluación educativa con la formación docente, vinculando de mejor manera a las escuelas normales y a las instituciones de educación superior.

Impulsar estudios para caracterizar al magisterio poblano a fin de mejorar sus prácticas docentes y ofrecerles, de manera más estratégica, los recursos, materiales, infraestructura y apoyos técnico-pedagógicos que les permitan concentrarse en sus tareas de enseñanza. Para esto, se requiere contar con datos duros producidos por la evaluación.

Establecer medidas más rigurosas para la apertura de instituciones educativas, así como procesos más transparentes en cuanto a la supervisión y cumplimiento de estándares mínimos de calidad.

Consolidar estrategias exitosas y asegurar su continuidad y consistencia (independientemente del partido político en el poder), realizando una evaluación de los principales programas educativos del gobierno anterior¹, pues implicaron tiempos y recursos y habrán tenido resultados positivos que se pueden mantener y fortalecer, particularmente en el contexto pospandémico, aunque el rezago ya era evidente desde tiempo atrás.

 

¹ Como son los casos del Modelo APA (Modelo Educativo Poblano: Asistencia, Permanencia, Aprendizaje), el Programa Yo No Abandono, la Estrategia de Seguimiento a Egresados Normalistas, el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa y la estrategia Puebla Convive.