Género e Igualdad

Diagnóstico ///

La discriminación, la desigualdad y las violencias por razones de género son problemas estructurales que requieren acciones urgentes y multidimensionales. Dentro de una cultura patriarcal, las mujeres, las niñas y las personas LGBTTTIQ+ experimentan más estas violencias. Los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la seguridad y la integridad personal y los derechos sexuales y reproductivos, son permanentemente vulnerados.

De acuerdo con la ENRIDEH 2021 (INEGI, 2021a) en Puebla 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han experimentado, a lo largo de su vida, violencia psicológica, física y sexual. En el ámbito comunitario1 prevalecen mayoritariamente estas violencias. Durante el 2022 y el 2023, tuvieron lugar importantes avances legislativos y reformas al código penal para garantizar el reconocimiento de los derechos de las mujeres2. Sin embargo, la falta de transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas y en las investigaciones de los delitos asociados a la violencia de género, afecta considerablemente el acceso de las mujeres a la justicia.

Con relación a los derechos sexuales y reproductivos, las mujeres poblanas enfrentan graves problemáticas: además del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino3, al cierre del tercer trimestre del 2023, Puebla ocupó el sexto lugar nacional más alto en mortalidad materna4. Otra problemática son los embarazos en adolescentes (15 a 19 años) que, al cierre del tercer trimestre de 2023, colocaron al estado en segundo lugar nacional, mientras que ocupó el tercer lugar en el número de embarazos en niñas (10 a 14 años), según reportó la Secretaría de Salud (2023b). Estos fenómenos se agudizan entre mujeres indígenas debido a los efectos de la pobreza y a la constante vulneración de su derecho a la salud y a la educación.

En relación con los derechos económicos, la feminización de la pobreza ha mantenido índices preocupantes, pues en 2022 el estado ocupaba el tercer lugar con mayor porcentaje de mujeres en pobreza en el país (CONEVAL, 2022). En cuanto a los derechos políticos, la reforma constitucional en materia de paridad, que tuvo lugar en Puebla en 2020, permitió un incremento en la participación de las mujeres en el gobierno estatal —particularmente en el poder legislativo—. No obstante, ellas siguen siendo minoría en la escala municipal5.

Entre los años 2021 y 2023 tuvieron lugar un conjunto de reformas jurídicas importantes, como la integración de las violencias digital, mediática, obstétrica, vicaria, política y ácida a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Puebla. En materia de derechos de las personas LGBTTTIQ+, se aprobó el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo y las reformas al código civil conocidas como Ley Agnes6. Sin embargo, aún se requieren transformaciones importantes a fin de garantizar los derechos de las personas LGBTTTIQ+ bajo los principios de igualdad y no discriminación7.

1 Actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión, se ejerce por personas de la comunidad (INEGI, 2021a, p.13).

2 Entre las cuales están la violencia vicaria, la Ley Montse y la Ley Monzón.

3 Las defunciones por cáncer de mama en mujeres radicadas en el estado de Puebla han incrementado año con año, pasando de 175 en el 2010 a 317 en el 2022 (INEGI, 2023).

4 Haciendo un corte en la semana epidemiológica 39 (primera semana de octubre de 2023), la mortalidad materna en el país fue de 25.3 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Las entidades con más defunciones fueron Estado de México (42), Veracruz (32), Chiapas (31), Guerrero (27), Jalisco (24) y Puebla (23) (Secretaría de Salud, 2023).

5 Luego de las elecciones de julio de 2021, el 48.8% de las diputaciones en Puebla fueron ocupadas por mujeres. Sin embargo, solo el 21% de presidencias municipales quedaron encabezadas por mujeres (INE, 2022).

6 Desafortunadamente, esta reforma jurídica no ha podido reflejarse estadísticamente, pues de 2018 a 2020 se registraron únicamente 188 matrimonios de parejas del mismo sexo, es decir 0.39% del total de matrimonios en ese periodo (De la Rosa, 2022).

7 Revisar el informe: Discriminación, violencia e ineficiencia institucional. Los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+ en el estado de Puebla 2015-2021. (IDHIE, OVSG, OCLOA, 2023).

Postura ///

En el estado de Puebla, la vida y la dignidad de las mujeres y las personas LGBTTTIQ+ siguen siendo permanentemente afectadas por las constantes violaciones a los derechos humanos. La cultura patriarcal que atraviesa a las instituciones gubernamentales y a la sociedad impide lograr avances significativos a favor de la igualdad sustantiva. Frente a estos desafíos, consideramos necesaria una respuesta amplia y contundente por parte no solo del Estado, a partir de la transversalización de la perspectiva de género en todos los niveles e instituciones de gobierno, sino también la participación de otras instituciones sociales, como la escuela, la familia, los espacios laborales, etc., a fin de promover transformaciones culturales sostenidas y de mayor alcance. Las acciones para la disminución de las brechas de desigualdad de género son solo el inicio de un camino hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Propuestas ///

Garantizar el acceso a la justicia, generando procesos de armonización jurídica estatal y federal, además de integrar nuevos tipos penales a partir de las recientes reformas a favor de los derechos de las mujeres; y capacitar en teoría de género, enfoque interseccional y derechos humanos a las personas encargadas de impartir justicia.

Realizar un diagnóstico estatal para el diseño de políticas de igualdad de género en función de las necesidades específicas de las distintas regiones del estado.

Transversalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal, involucrando en el diseño y evaluación de políticas públicas a organizaciones de la sociedad civil, colectivas y víctimas de violaciones de derechos humanos.

Implementar políticas eficaces para contribuir a la construcción de la autonomía de las mujeres y para reducir sustantivamente la feminización de la pobreza.

Fortalecer las acciones para bajar los índices de violencia por razones de género, con prioridad en las campañas de prevención y espacios de educación dirigidas a los agresores.

Realizar acciones de prevención urgentes que disminuyan la mortalidad materna y los embarazos adolescentes, y que permitan detectar oportunamente el cáncer de mama y cervicouterino.

Garantizar la paridad de género y la participación activa de las mujeres en los cargos de decisión política en los niveles estatal y municipal, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y en los organismos autónomos.

Fuentes