Puebla sigue figurando como una de las entidades con más altos índices de impunidad en el país. El Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 ubica al estado en una peor posición que en años anteriores, al ocupar, junto con Veracruz, el último lugar en el factor de protección efectiva a los derechos fundamentales, como son los derechos a la vida y a la seguridad, a la igualdad, al debido proceso y a la libertad de expresión, por señalar algunos (World Justice Project, 2022-2023).
Además, se observa un aumento en las quejas por violaciones a derechos humanos, pues en 2021 la CDH Puebla recibió 5,864, y para 2022 el número subió a 9,301, es decir, hubo un incremento del 58%1. Para el primer semestre de 2023 se recibieron 4,5522. En 2022, las autoridades más señaladas fueron la Fiscalía General del Estado, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y los presidentes municipales de Tehuacán, Huauchinango, Teziutlán e Izúcar de Matamoros, y se mencionan vulneraciones a los derechos al trato digno, a la legalidad y a la integridad y seguridad jurídica3.
Preocupan los actos de intimidación, estigmatización, criminalización, ataques y amenazas relacionadas con la defensa del agua y el territorio. En 2021, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA) registró al menos seis agresiones por parte de gobierno y empresas hacia integrantes de comunidades indígenas y organizaciones en el marco de su trabajo de defensa, y para el 2022 Puebla se ubicó entre los estados con el mayor número de agresiones letales hacia personas defensoras del medioambiente4. Incluso, se ha documentado el uso del sistema penal como mecanismo de criminalización y represión en contra del ejercicio del derecho a la protesta de defensores nahuas de la comunidad de Santa María de Zacatepec del municipio de Juan C. Bonilla5.
Por otra parte, según la organización Articulo 19, Puebla ocupa el cuarto lugar entre los estados con mayor número de agresiones contra periodistas, registrando un total de 18 casos de los 272 registrados a nivel nacional, durante el primer semestre de 20236.
En relación con los derechos de pueblos originarios, es necesario enfocar la atención en el respeto, protección y garantía de sus derechos de acceso a la justicia, autodeterminación y consulta libre, previa e informada. Observamos con preocupación la falta de enfoque intercultural7, así como de traductores8 y condiciones de accesibilidad suficientes para eliminar las barreras estructurales de discriminación que obstaculizan a la población indígena la búsqueda de justicia y la toma de decisiones conforme a sus sistemas normativos internos9.
1 Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, Informe Anual de Actividades 2021 e Informe Anual de Actividades 2022.
2 En el reporte de actividades del primer semestre de 2023 no se incluye el desglose de las autoridades señaladas en las quejas.
3 Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, Informe Anual de Actividades 2022.
4 De acuerdo con los informes sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, elaborados por CEMDA (2021 y 2022), las agresiones hacia personas y comunidades que defienden el medioambiente en Puebla se dieron en el marco de su defensa frente a proyectos extractivos e inmobiliarios relacionados con la deforestación, minería, desarrollos urbanos, contaminación de suelos por hidrocarburos, así como con la contaminación y extracción de agua.
5 Amnistía Internacional, 2023, México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de Personas Defensoras de Tierra, Territorio y Medio Ambiente, pp. 17-20.
6 Artículo 19, Informe Primer Semestre 2023: Violencia contra la prensa: entre ataques, estigmatización y violencia del Estado.
7 Familiares e IBERO Puebla Exigen Transparencia y Justic ia en el Caso de Alexis Sánchez, https://retodiario.com/educacion/2023/05/02/familiares-e-ibero-puebla-exigen-transparencia-y-justicia-en-el-caso-de-alexis-sanchez/
8 Fiscalía de Puebla sólo tiene 5 traductores para indígenas, https://www.e-consulta.com/nota/2022-10-01/seguridad/fiscalia-de-puebla-solo-tiene-5-traductores-para-indigenas
9 Exigen al INPI cumplir con fallo a favor de comunidad Yohuajca, https://www.angulo7.com.mx/2022/02/10/exigen-al-inpi-cumplir-con-fallo-a-favor-de-yohuajca/
Reiteramos que la impunidad no solo representa un obstáculo para acceder a la justicia, sino que también refleja la permisividad y tolerancia estatal frente a las violaciones a derechos humanos, lo que fomenta su repetición y agravamiento.
Recordamos que la defensa del territorio, el agua y los recursos naturales es un derecho humano, y que este guarda estrecha relación con el derecho a la protesta, por lo que las autoridades deben respetar, proteger y garantizar ambos derechos.
Subrayamos la importancia de acatar las obligaciones adquiridas internacionalmente mediante la firma y ratificación de los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Implementar un proceso de capacitación y profesionalización integral en materia de derechos humanos y estándares internacionales, con perspectiva de género, enfoque intercultural y no revictimización, para todo el personal de las instituciones públicas de los tres poderes de gobierno a nivel estatal y municipal, focalizándose en las autoridades más señaladas en las quejas por violaciones de derechos humanos. Dichas capacitaciones deberán contemplar mecanismos trasparentes de seguimiento y evaluación.
Cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas de forma previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada y consentida, así como respetar y reconocer el sentido de las decisiones adoptadas por estos respecto a toda acción u omisión estatal que les pueda afectar.
Garantizar que las instituciones de procuración e impartición de justicia realicen investigaciones con enfoque intercultural y aseguren la disponibilidad de traductores de las lenguas y variantes originarias habladas en Puebla para la atención de integrantes de pueblos originarios.
Fortalecer el papel de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en la vigilancia de las manifestaciones y protestas, a efectos de documentar posibles abusos y violaciones a derechos, y emitir medidas de protección inmediatas y eficaces.
Implementar un mecanismo de seguimiento y acatamiento de las recomendaciones realizadas a México por parte de los órganos creados en virtud de los tratados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las recomendaciones de los procedimientos especiales.
Fortalecer el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para la activación inmediata de medidas de protección eficaces.