Diagnóstico ///

La inseguridad relacionada con la violencia y la delincuencia sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía poblana1. Dicha zozobra está fundada en un aumento sostenido de la incidencia delictiva en la entidad, que en 2022 se calculó en 32,656 delitos por cada 100,000 habitantes2. Esta cifra, que coloca a Puebla en el quinto lugar a nivel nacional, refuerza la tendencia observada desde 2016 de permanecer por encima del promedio nacional en dicho rubro.

A pesar de que las cifras oficiales muestran la disminución de algunos delitos, preocupan las transformaciones observadas en los últimos años respecto a las características de los mismos. Por ejemplo, a pesar de que los datos muestren la disminución del delito de homicidio doloso, existe un aumento en la proporción de homicidios cometidos con arma de fuego3, al igual que un aumento en el número de masacres, ejecuciones y otras atrocidades como la localización de fosas clandestinas o feminicidios con crueldad extrema4.

Aunado a lo anterior, continúa el deterioro del acceso a la justicia y el aumento de la impunidad en Puebla. La autoridad no se entera o no inicia carpeta de investigación en 9 de cada 10 delitos cometidos en la entidad5, y de los casos que llega a conocer la autoridad, el 94.9% quedan impunes6. Las personas no denuncian principalmente por causas atribuibles a la desconfianza en la autoridad.

A pesar de la incapacidad de los sistemas legales para responder de manera efectiva a la delincuencia, los centros penitenciarios en el estado siguen sobrepoblados y en condiciones de hacinamiento7—principalmente debido al abuso de la prisión preventiva: el 58% de las personas privadas de libertad en el estado no han recibido una sentencia condenatoria8—, lo que incide directamente en la incapacidad de ofrecer programas de reinserción social efectiva a las personas privadas de libertad.

1 Datos de la ENVIPE 2023 estiman que el 63.4% de la población de 18 años y más considera la inseguridad el problema más importante de la entidad.

2 Datos de INEGI disponibles en: https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/

3 Análisis con datos del Secretariado Ejecutivo disponibles en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-299891?state=published

4 https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2023/01/INFORME-ANUAL-DE-ATROCIDADES-2022_VF.pdf

5 INEGI, a través de la ENVIPE 2022 calcula en 93.2 % la cifra negra de la delincuencia en Puebla, por encima del promedio nacional que es de 92.4%. Información disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_pue.pdf

6 https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2023/10/HALLAZGOS2022.pdf

7 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-06/DNSP_2022.pdf

8 Datos de noviembre de 2022, últimos disponibles y obtenidos del Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Disponible en: https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional

Postura ///

Ante el constatado fracaso de las estrategias de enfrentamiento a la delincuencia basados en la mano dura, la militarización de la seguridad pública y el punitivismo, desde la IBERO Puebla apostamos por un modelo de seguridad ciudadana basado en el respeto a los derechos humanos, y el desarrollo de políticas de prevención de la delincuencia basadas en justicia social con enfoques de género, interculturalidad, construcción de paz y participación ciudadana.

Propuestas ///

Diseñar e implementar políticas públicas multidimensionales de prevención de la violencia y la delincuencia y de construcción de paz que, basadas en la evidencia, respondan a los principales problemas de seguridad desde lo local.

Fortalecer las instituciones policiales civiles por medio de la capacitación y asignación de presupuesto adecuado, previendo la desmilitarización progresiva de la seguridad en la entidad.

La aplicación preferencial de mecanismos, que la ley ya provee, de justicia restaurativa, de alternativas al proceso penal tradicional y de alternativas a la pena privativa de libertad.

Para asegurar todo lo anterior, se propone la creación de un organismo consultivo ciudadano que asesore sobre el diseño, evaluación e implementación de la política criminal y el tratamiento penitenciario en Puebla.