La situación en el estado de Puebla en torno a la migración y las movilidades humanas forzadas o con alta vulnerabilidad es preocupante y se ha agravado fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, debido a las presiones políticas internacionales del gobierno de Estados Unidos hacia México para contener los flujos migratorios irregulares procedentes de Centroamérica y una mayor diversidad de países que transitan por la entidad y el país. En particular, esta contención migratoria ocurre con una creciente y agresiva participación de agentes del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional e incluso de policías estatales y municipales sin facultades o competencias para hacer verificaciones migratorias por cuenta propia. En segundo, porque la pandemia por coronavirus fue utilizada por gobiernos y autoridades como una excusa para cerrar las fronteras internacionales, llevar a cabo más detenciones y expulsiones arbitrarias, o bien para aumentar los tiempos de espera ante trámites administrativos asociados al proceso migratorio como en los casos de solicitantes de asilo, refugio o protección internacional. Además, un alto número de contagios y fallecimientos por COVID-19 entre la diáspora mexicana y poblana en Estados Unidos evidenció la alta vulnerabilidad de personas migrantes indocumentadas.
Los registros de la autoridad migratoria mexicana indican que 2022 (con poco más de 21,000 eventos) fue el año con el mayor número de personas nacidas en Puebla que fueron devueltas a México desde Estados Unidos en los últimos 11 años. De enero de 2016 a diciembre de 2019, se estimaron 43,900 personas devueltas de origen poblano (entre 10 y 13% fueron mujeres), mientras que de enero de 2020 a agosto de 2023 este mismo estimado rebasó los 55,000 eventos (entre 11 y 18% fueron mujeres). Por otro lado, las detenciones de personas extranjeras en territorio poblano también tuvieron registros históricos en 2021 (más de 5,100), 2022 (más de 6,500) e incluso 2023 (más de 4,500 eventos de enero a agosto), muy por encima del total estimado de enero de 2018 a diciembre de 2020 (aproximadamente 5,000 eventos). En este último caso resultan particularmente alarmante la situación y la presencia creciente de mujeres, familias, adolescentes, niñez (con o sin compañía), adultos mayores, personas LGBTTTIQ+ o desplazadas internas, entre otros perfiles que experimentan abusos e incluso la detención migratoria en entornos hostiles.
Ante políticas migratorias restrictivas que priorizan la seguridad nacional por encima de los derechos humanos, y ante prácticas de autoridades o particulares (incluyendo a crimen organizado) que invisibilizan o vulneran la dignidad de personas migrantes y refugiadas, hace falta que tanto los gobiernos como múltiples sectores de la sociedad en Puebla aborden el fenómeno de la migración de manera más amplia, integral, colectiva, congruente y creativa. Es decir, en Puebla resulta insoslayable reconocer a la migración como una oportunidad de pensar y reconstruir narrativas, acciones y proyectos que valoren y promuevan la hospitalidad, la diversidad, la inclusión y la búsqueda de oportunidades de bienestar para los muy diversos perfiles de personas en movilidad en la región, de ser posible con una perspectiva transnacional que reconozca causas, consecuencias, oportunidades y desafíos del proceso migratorio a nivel local y global.
Reconocer, acoger, proteger, promover e integrar a las personas en contextos de movilidad, considerando las diferentes dimensiones entre quienes integran los flujos, así como una diversidad de perfiles con grados de vulnerabilidad migratoria, deberían ser los verbos que puedan guiar o regir la creación, diseño e implementación de políticas multinivel coordinadas en asuntos migratorios. Como un fenómeno multidimensional, condición humana histórica y transformadora, evitando partir de que es un problema o situación indeseable y más bien visualizando oportunidades o beneficios colectivos, es fundamental que los derechos humanos de las personas en movilidad se pongan en el centro de las políticas y acciones de gobiernos y comunidades en Puebla.
Conformar mesas, espacios y canales de diálogo entre autoridades de gobiernos, sociedad civil y organizaciones locales e internacionales que ayuden al diseño, definición e implementación de políticas hacia diferentes perfiles personas en movilidad en el estado de Puebla y la región.
Declarar a Puebla como “Santuario para Personas Migrantes y Refugiadas” o como una entidad y región en favor de los derechos humanos de todas las personas en movilidad: emigración, inmigración, tránsito, retorno, a nivel internacional e interno, y promotora del asilo, refugio y ayuda humanitaria ante todos los desplazamientos forzados y voluntarios, internos e internacionales.
Reconocer durante un periodo amplio y específico la relevancia histórica y múltiples aportes de las personas migrantes al estado y desde Puebla al mundo.