Rendición de cuentas y combate a la corrupciÓn

Diagnóstico ///

En Puebla, la tasa de población que ha experimentado actos de corrupción al tener contacto con servidores públicos ha ido en aumento en los últimos años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada por el INEGI, en 2017, 9.6% de la población de 18 años y más en la entidad fue víctima de algún acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos; para 2021, dicho porcentaje aumentó al doble (19.6%), colocando al estado en el segundo lugar a nivel nacional, solo superado por Quintana Roo. (INEGI, 2021).

De igual forma, con base en el Índice de Estado de Derecho en México, Puebla se mantiene por debajo del promedio nacional en dos factores primordiales: ausencia de corrupción y límites al poder gubernamental. En lo que respecta al primer factor, en la edición 2022-2023, la entidad obtuvo una calificación de 0.34 en una escala de 0 a 1, colocándose en el lugar 19 a nivel nacional; mientras que, en el segundo factor, la entidad obtuvo 0.36 puntos, colocándose en el antepenúltimo lugar a nivel nacional. Destacan dentro de este último factor la caída tanto del poder legislativo como del judicial como contrapesos eficaces, así como de los organismos de control. Cabe destacar que la entidad obtuvo una calificación satisfactoria en el factor de gobierno abierto, cuyos componentes son participación ciudadana y derecho a la información pública. Puebla obtuvo un puntaje de 0.52 y se ubicó como la décima entidad en este rubro. (World Justice Project, 2023)

Contrariamente, dos de los organismos vinculados con estos últimos componentes han enfrentado un debilitamiento institucional. En los últimos años, los procesos de designación de comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) y de integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se han visto ralentizados por parte del Congreso del Estado, ocasionando que dichos órganos no tengan la conformación óptima para su funcionamiento.

Postura ///

La persistencia de la corrupción genera múltiples afectaciones en el óptimo desarrollo de una sociedad. Desde una dimensión social, repercute en el respeto y garantía de los derechos humanos al impactar en la calidad de vida de las personas, particularmente de los grupos más vulnerables. La ausencia de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas que contribuyan a combatir la corrupción afecta al sistema democrático y al Estado de derecho.

En los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel local se han impulsado reformas institucionales y legales que promueven el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos anticorrupción. Su eficaz implementación permitiría un mejor desarrollo social, político y económico. Para ello, es fundamental que los diferentes actores gubernamentales asuman su responsabilidad en el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas y garanticen una participación ciudadana que promueva el monitoreo y evaluación del poder público.

Propuestas ///

Fortalecer las instituciones de vigilancia y contrapeso, particularmente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), la Auditoria Superior del Estado de Puebla (ASE) y el Sistema Estatal Anticorrupción.

Garantizar la oportuna designación de las personas integrantes de los órganos encargados de la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización. Dichas designaciones deben darse mediante procesos que faciliten la participación ciudadana y garanticen la selección de los mejores perfiles.

Implementar de manera eficaz la Política Estatal Anticorrupción, generando información oportuna que permita la evaluación y seguimiento de las acciones desarrolladas.

Evitar la intromisión del Ejecutivo en las decisiones de otros poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos.

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley en la materia, así como el desarrollo de políticas de transparencia proactiva.

Referencias