En los últimos dos años la inflación ha sido uno de los aspectos que afectan a nuestro país y, por consiguiente, al estado de Puebla. La pandemia ocasionó una ruptura en las cadenas de valor, y el conflicto en Ucrania, la subida en el precio de los combustibles; con ello, un aumento en los costos de transporte de los productos. Para disminuir el proceso inflacionario, el Banco de México incrementó la tasa de interés, pero esto significa una disminución en el consumo y la inversión.
En términos de recuperación económica, la inversión extranjera directa tuvo una tendencia al alza a lo largo de este periodo presidencial. En el primer trimestre de 2023 se registró un incremento del 41% con respecto al mismo trimestre en el año anterior (Secretaría de Economía). La moneda se recuperó frente al dólar, lo que es reflejo de un mejor manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, el incremento del salario mínimo y la disminución en la pobreza resultan insuficientes.
A pesar de una política que trató de favorecer a los trabajadores, más de la mitad todavía no cuenta con prestaciones laborales de salud y vivienda, esto es, un 55.2% (INEGI) que representa a la población ocupada en el sector informal. Aunado a ello, el alto costo de la vivienda es resultado de la privatización del Infonavit como banco hipotecario. Aún se sigue utilizando un sistema en el que a los trabajadores se les asignan altas tasas de interés, lo cual se traduce en que pagan varias veces el valor de la vivienda.
Por otra parte, persiste una gran desigualdad en la carga impositiva en nuestro país. Según cálculos del Centro de Estudios Espinoza Yglesias “la tasa efectiva que pagan los asalariados es ocho veces superior a la de los grandes contribuyentes, y la que pagan las personas físicas es 19 veces mayor”.
Las medidas de recuperación del campo también han resultado insuficientes: los mayores ingresos son para los grandes productores a escala en las regiones y poco para los campesinos. Los jornaleros que viven del campo tienen pagos de 100 pesos el día con los que una familia no sobrevive.
Ante esta problemática, postulamos la búsqueda de justicia social como motor fundamental de las políticas en este ámbito. Consideramos que el crecimiento económico solo tiene sentido si genera bienestar en el conjunto de la población. Vemos como objetivo del desarrollo la calidad de vida y el equilibrio entre las necesidades actuales y las futuras, en una sociedad que incluya a todos, atienda el cuidado de la casa común y contribuya a reducir las desigualdades.
Es necesaria una política industrial en la que como país reduzcamos la dependencia del exterior debido a que a largo plazo nos convierte en una economía más débil.
Una reforma hacendaria en la que los grandes contribuyentes paguen lo que les corresponde, además de una carga impositiva menos desigual.
Implemento de políticas de redistribución de la riqueza.
Una política laboral que realmente favorezca a los trabajadores y que garantice la mejora de las condiciones laborales y mayor acceso a la seguridad social y la vivienda.
Mejores políticas en contra de la privatización que dañan a los trabajadores. Por ejemplo, la del INFONAVIT que cobra tasas de interés muy altas.
Reforzar programas para mejorar los sistemas de salud y educación, lo que representa una deuda del sexenio saliente con los mexicanos.
Asegurar educación pública hasta la universidad y acceso a salud gratuita y de calidad para las capas más pobres de la sociedad.
Apoyar al campo a través de programas que desincentiven la concentración de tierras en pocas manos.
Cuidar que en los proyectos detonantes de desarrollo no solo se dirijan al turismo, sino a un verdadero desarrollo local integral que involucre a las personas de las comunidades y no las dañe.