En el Informe 2022 del Gobierno del estado de Puebla se declararon avances en salud para temas de infraestructura física y organizacional, número de trabajadores afiliados y aumento en la cobertura para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles y VIH (Cuarto Informe de Gobierno, 2022). La información es escasa en cuanto a la atención y cumplimiento de metas en intervenciones para el cuidado de la salud mental, el acceso a una alimentación saludable y la atención a grupos vulnerables. El panorama actual expone poca articulación en acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento. Un ejemplo es la falta de información del seguimiento a programas de atención para enfermedades crónicas no transmisibles que no solo son causa de mortalidad, sino que requieren alta disposición de servicios médicos y medicamentos de los cuales se carece, con lo que existe un aumento en su prevalencia anual y se elevan los costos para el Estado por el poco impacto que se ha tenido (Evaluación Estratégica de Salud. Primer Informe, 2022).
Tampoco hay claridad en la existencia de acciones contundentes que promuevan el autocuidado, situación que genera un círculo vicioso en el que la población pone en manos del sistema la responsabilidad del cuidado a la salud, lo que aumenta riesgosamente los gastos para el Estado y evidencia la ausencia de programas eficaces de prevención de la enfermedad, educación y promoción de la salud. Esta falta de coordinación disminuye la posibilidad de que la población tenga servicios de salud de cobertura universal; el gasto de las familias en la compra de medicamentos y pago de servicios médicos particulares ha aumentado (Bautista y Vargas, 2023); además, la tasa de abasto de medicamentos a nivel nacional bajó del 90 al 70% en 2021. El acceso a la salud es limitado: entre 2018 y 2020 el porcentaje de población con acceso a servicios preventivos de salud disminuyó en 9.1% (del 47.8% al 38.7%). En el mismo periodo, el gasto en salud pasó del 2.1% al 3.9% en los hogares mexicanos (Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, 2023). Aunado a esto, hay una reducción en la asignación y ejercicio presupuestal en salud. Lo anterior contribuye a las causas de vulnerabilidad por carencias sociales asociadas a la pobreza (Valencia y Jaramillo, 2023).
El acceso a la salud es un derecho humano universal; en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Es obligación del Estado garantizar el acceso a los servicios de salud y nutrición de calidad para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos a la supervivencia, desarrollo integral y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia, lo que contribuye a una mayor equidad social (Estrategia Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 2020). Para garantizar que la población del estado de Puebla pueda tener acceso a servicios eficientes, dignos, suficientes, de calidad y accesibles, es necesario que se vigilen y evalúen los programas que tengan impacto en la salud, con la participación de actores sociales, y así se realicen acciones verdaderas en beneficio, sobre todo, de las personas en situación de vulnerabilidad. Además de la exigencia al cumplimiento de este derecho básico, la Universidad apuesta a la generación de estrategias que fomenten la capacidad de la población para asumir el autocuidado eficaz de su salud.
Establecer redes de comunicación entre los responsables de los diferentes niveles de los servicios de salud para articular acciones y optimizar recursos y servicios.
Difundir oportunamente los resultados de la vigilancia epidemiológica para la toma de decisiones con base en acciones que sí tienen impacto.
Fomentar la participación ciudadana con instancias de gobierno y sectores públicos y privados, generando sinergia entre el ámbito educativo, el gobierno y la población.
Promover programas de salud con equipos interdisciplinarios, intersectoriales y permanentes.
Implementar un observatorio de salud con el apoyo de la organización civil y de las universidades pública y privadas.
Priorizar la prevención de enfermedades a través de la formación universitaria específica con planes de estudio que consideren esta área como prioritaria, y la capacitación continua del recurso humano en salud que permita llevar a cabo un cambio de pensamiento en la población sobre la cultura de autocuidado.