El estado de Puebla destaca en nuestro país por su diversidad cultural; más de 600,000 personas son hablantes de alguna de las variantes lingüísticas indígenas. Asimismo, más de 100,000 personas se autorreconocen como afromexicanas. Nuestra diversidad cultural tiene las más ricas y complejas expresiones: en la organización social, política y comunitaria, en las técnicas de producción agrícola y pecuaria, en las formas de comercio, en la producción artística y artesanal, en la gastronomía, en la toponimia y el conocimiento de nuestro entorno natural, y muchas otras expresiones que constituyen parte importante del patrimonio poblano.
La historia de la relación de los pueblos originarios con la sociedad dominante y las instituciones políticas da cuenta de una serie de desatinos. Al igual que en otras entidades de la federación y en otros países, las comunidades indígenas han sido objeto de injusticias como el despojo de sus tierras, la contaminación de su hábitat, la discriminación y políticas públicas impertinentes o francamente culturicidas. Durante la década pasada, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la entonces denominada Ley Minera, se entregaron, de manera inconsulta, cientos de concesiones mineras. El 2020, según datos oficiales, cerró con 320 títulos de concesión que afectaron 192,308 hectáreas del territorio estatal. Más de un centenar de esas concesiones y nueve permisos para proyectos hidroeléctricos afectan a cerca de la mitad de los municipios de la serranía poblana. Los pueblos vulnerados —mixtecos, otomíes, nahuas, nguiguas y totonacos— han denunciado la amenaza que esto representa para la continuidad de su vida calificándolos como proyectos de muerte.
Es verdad que, a partir del 2001, en México se han logrado importantes avances en materia jurídica como la reforma constitucional del artículo 2o. Por su parte, Puebla cuenta con innovaciones legislativas que reivindican viejas demandas en relación con sus derechos territoriales, el derecho a la autodeterminación y los derechos culturales. No obstante, en general, persisten las prácticas neocoloniales. En contradicción con los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos, se han multiplicado las amenazas a la integración comunitaria y a los territorios indígenas. A la amenaza que representan los proyectos hidrocarburíferos, mineros e hidroeléctricos se suma la desprotección jurídica del patrimonio cultural de los pueblos que permite el plagio impune de los conocimientos, el arte y la artesanía populares.
Los discursos respecto al orgullo de nuestras raíces amerindias carecen de sentido si los poderes públicos soslayan las voces de los pueblos y comunidades originarias que reclaman políticas, marcos jurídicos y protección judicial más eficaces.
La continuidad histórica de los pueblos originarios y, por lo tanto, de toda su riqueza tangible e intangible, es una responsabilidad de todos, pero especialmente de quienes, desde el ejercicio del poder público, están comprometidos con la promoción, protección, respeto y defensa de los derechos humanos.
La pluriculturalidad que se proclama desde el texto constitucional será posible en la medida en que se asuma consecuentemente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con autonomía y libre determinación para elegir sus opciones históricas.
Debe desmitificarse el paradigma economicista y neocolonial del desarrollo como única opción de los pueblos. La relación ecoespiritual con el territorio propia de las culturas ancestrales abre las puertas a un universo de alternativas al desarrollo.
Garantizar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ejerzan su derecho a la libre determinación para decidir sus formas de desarrollo y organización de acuerdo con sus propias opciones culturales y sistemas normativos.
Promover y fortalecer iniciativas de gobierno comunitario basadas en el derecho indígena y en sistemas políticos tradicionales.
Desarrollar mecanismos de consulta libre, previa e informada, basados en la buena fe respecto a todas las acciones, proyectos, políticas y leyes que pudieran afectarles directamente o implicar intervenciones en sus hábitats y territorios.
Impulsar una reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que sea fruto del diálogo intercultural, que se sustente en el principio de progresividad y que promueva el desarrollo legislativo nacional y de todas las entidades federativas.
Fortalecer iniciativas destinadas a consolidar y desarrollar las identidades indígenas y afromexicanas como punto de partida del ejercicio de todos los demás derechos colectivos que les han sido reconocidos.
Desarrollar canales de comunicación con los pueblos y comunidades interesadas para generar mecanismos y protocolos de actuación en los poderes públicos que faciliten y garanticen el efectivo disfrute de los derechos reconocidos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.