Diagnóstico ///

La principal preocupación de la ciudadanía en Puebla es la inseguridad: 66.7% la considera como el problema más importante y 8 de cada 10 personas se sienten inseguras en la entidad (INEGI, 2018). La violencia se ha exacerbado, entre otras circunstancias, por la delincuencia organizada, el robo de hidrocarburo (PEMEX, 2019) y los homicidios, los cuales aumentaron un 23% de 2017 a 2018 (SESNSP, 2019). Debido a la incidencia delictiva registrada entre enero y abril de 2019, Puebla se ubicó en sexto lugar nacional con 25 mil 446 presuntos delitos, en la cuarta posición con 18 feminicidios (SESNSP, 2019) y en primer lugar en linchamientos tentativos y consumados (CNDH, 2019).

De 2012 a 2017 se registraron 2 mil 069 personas desaparecidas en el estado (SESNSP, 2019), de las cuales 647 son niños, niñas y adolescentes, colocándose en segundo lugar a nivel nacional (REDIM, 2019). A la par, Puebla encabeza las entidades con más registros de trata de personas¹.

Aunque la cifra negra es inferior a la media nacional (92.26%), sólo el 1.7% de los delitos registrados obtuvieron sentencia condenatoria, condición que favorece que Puebla ocupe la cuarta posición entre las entidades con mayor nivel de impunidad en el delito de homicidio y por tener el menor número de agencias del ministerio público por cada cien mil habitantes (Le Clercq & Rodríguez, G. , 2018). En materia de justicia penal, Puebla ocupa las últimas posiciones a nivel nacional (30), tan sólo antes de Veracruz y Guerrero (World Justice Project, 2019).

Por otro lado, la prisión preventiva sigue siendo utilizada de forma recurrente en la entidad, toda vez que la población procesada aumentó 32% de 2017 a 2018 (SSP, 2019) lo que favorece el hacinamiento. En siete Centros de Reinserción Social (CERESO) distritales y regionales, las calificaciones son reprobatorias como en Tecamachalco: 4.7/10 (CNDH, 2019). En la mayoría de los CERESO existe co-gobierno y autogobierno, principalmente en los de Puebla, Cholula y Huauchinango. Condiciones de violencia como los desórdenes y los suicidios al interior de los centros, ubicaron a Puebla en primer lugar a nivel nacional (CNDH, 2019).

Postura ///

Por el contexto actual es urgente que la seguridad ciudadana incluya los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y participación comunitaria, con una apuesta principal por la prevención. Frente a la falta de denuncia e impunidad, se deben fortalecer las instituciones para restablecer la confianza ciudadana en las autoridades, sobre todo en las corporaciones policiacas, más allá de las actuales tendencias en políticas de seguridad privada o policiaco-militar que sólo favorecen a ciertos sectores (IDHIE, 2017). A su vez, se debe revisar el funcionamiento de los sistemas de justicia penal y de ejecución penal para proteger y garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos, además de considerar la pena de prisión como ultima ratio y priorizar la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

Propuestas ///

Diseñar de forma urgente políticas contra el crimen y políticas preventivas para reducir la violencia y la comisión de conductas delictivas que atentan, entre otros derechos, contra la integridad y la vida.

Fortalecer la infraestructura y generar políticas integrales en las instituciones, principalmente en la Fiscalía General del Estado y en las corporaciones de la policía civil de acuerdo con sus funciones y competencias, a la par de prever la desmilitarización progresiva en la entidad.

Crear la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, así como diseñar mecanismos adecuados para la prevención, atención, investigación y erradicación de este delito en la entidad.

Modificar estructuralmente los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, eliminando las principales deficiencias y violaciones a derechos humanos identificadas en diversos diagnósticos, además de armonizar los reglamentos y políticas acorde a la Ley Nacional de Ejecución Penal.