Un problema demográfico latente en la sociedad mexicana y la poblana es el envejecimiento de la población. No suele ser considerado en los planteamientos gubernamentales porque su urgencia no es evidente pero sus consecuencias ya se hacen sentir en la cotidianidad social. Durante muchos años hemos sido una sociedad acostumbrada a considerarnos joven. Efectivamente, durante todo el siglo XX fuimos una sociedad joven, incluso donde la presencia de los niños era el factor más significativo. Las aulas de primaria, secundaria se abarrotaban, los segundo e incluso terceros turnos escolares se hicieron presentes ante la explosión de la demanda. Pero en el último cuarto del siglo XX se cristalizó la transición demográfica, pasamos de un país de alta fecundidad con alta mortalidad y baja esperanza de vida a uno de baja fecundidad, con baja mortalidad y una relativa alta esperanza de vida.
El estado Puebla no es excepción en el envejecimiento. Los datos muestran que la población de 15 años o menos pasó de 46.2% en 1980 a 29.4% en el 2015, de casi la mitad a la tercera parte. Por otro lado, la población de 65 años y más se ha incrementado 4.5% en 1980 a 7.1% en el 2015 (INEGI 2019). En 2019, la población de 65 años representa el doble de lo que era en 1980.
Este es un reto mayúsculo porque significa un incremento constante en la proporción de población de 65 años y más. Supone la necesidad de transformaciones en la infraestructura y en la forma de hacer y ser de la sociedad. Tendremos que pensar los edificios, calles, accesos para personas con mayores dificultades de movimiento. Implica, también, un aumento considerable de los servicios médicos para la atención de enfermedades crónico-degenerativas, como las cardiovasculares o el cáncer.
Además, de forma inmediata, supone el incremento de la demanda de educación media y superior y sobre todo de trabajo. Las personas de entre 20 y 50 años que no logren consolidar una vida laboral productiva difícilmente podrán enfrentar en los próximos 15 a 35 años la vejez en condiciones de independencia y dignidad.
Consideramos fundamental tomar en cuenta el proceso de envejecimiento poblacional. Es una prioridad para garantizar condiciones de autonomía y dignidad a las personas mayores. Es necesario iniciar las acciones y políticas gubernamentales necesarias para enfrentar los retos que este fenómeno supone. Todas las acciones de gobierno, desde la dotación de servicios hasta la construcción de infraestructura deben considerar no sólo la estructura actual, sino la dinámica demográfica y las demandas futuras. Tener una visión estática es garantía de magnificar problemas sociales graves en unos años.
Incluir el aumento de la población de 65 años y más como una variable en todos los proyectos que emprenda el gobierno.
Garantizar que toda obra de infraestructura pública o privada tenga facilidades de acceso y uso. Esto especialmente importante en la vivienda popular.
Impulsar proyectos laborales donde las personas mayores de 65 años puedan participar en condiciones de dignidad.
Desarrollar proyectos de inclusión social para las personas mayores de 65 años.
Impulsar la discusión nacional sobre la posibilidad de desvincular el acceso a la seguridad social del trabajo formal para impulsar el aumento de la cobertura.