En México, en el 2012 entró en vigencia la Ley de Economía Social y Solidaria en donde se define que el Sector Social de la economía funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano; conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.
A pesar de que existe este marco general que define y encuadra a la economía social, no ha habido políticas de gobierno y políticas públicas efectivas a nivel estatal que fomenten, fortalezcan e incluyan a este sector en la vida pública para dinamizar un modelo económico incluyente y sustentable.
En el municipio de Puebla, se puso en marcha el programa Yo Compro Poblano que tuvo su primera edición en el año 2017. Las acciones que emprendió el gobierno municipal para llevar a cabo este programa fueron: inclusión del capítulo 38 -referido a la Economía Social- al Código Reglamentario Municipal (COREMUN); incorporación del artículo 50 a la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla; además de la reestructuración y generación de la Dirección de Vinculación y Economía Social y, finalmente, la generación de un proyecto presupuestal (Martínez, 2019).
La Universidad Iberoamericana Puebla apuesta por un modelo económico sostenible que dinamice los mercados regionales y micro-regionales en beneficio del conjunto de la población y del cuidado de los ecosistemas. Por tal motivo, considera que la construcción de economías sociales que reivindiquen el trabajo y la generación de beneficios colectivos, repercutirá de manera positiva en el desarrollo de los territorios, para ello es necesario transitar de los programas a las políticas de gobierno.
Crear y profesionalizar las empresas de economía social con el fin de dinamizar el capital productivo de cada microrregión en una lógica de bienestar colectivo.
Dinamizar los Circuitos de Economía Social, es decir, que no sólo se incluya la formación en capacidades empresariales y profesionalización de las organizaciones del sector social de la economía sino, también, la consolidación de la economía social en toda la cadena de valor: producción, comercialización, consumo y ahorro.
Fomentar la inclusión financiera de las empresas de economía social, es decir que, el Estado instrumente una política pública que garantice un trato diferenciado en el acceso a los servicios financieros de estas empresas en relación con las empresas de capital.
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Incuba IDIT a 350 empresas en el Programa Yo Compro Poblano
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