Diagnóstico ///

La última medición del Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) (2018) coloca a Puebla en el grupo de las entidades federativas del país con el peor desempeño democrático. Este índice señala que de las 32 entidades federativas, Puebla ocupa el lugar 27 con 1531 puntos, muy lejos de Aguascalientes que obtuvo 10 mil puntos y se destacó como la entidad con mejor desarrollo democrático.

Este resultado no sorprende después de que, con el morenovallismo, el estado se convirtió en un enclave autoritario subnacional. Durante ocho años el Ejecutivo estatal dominó y coaccionó tanto al Poder Legislativo como al Judicial. Los órganos autónomos del estado como la CEDH y el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales (ITAIP) , por mencionar algunos, se convirtieron en oficinas funcionales a los intereses del gobernador.

El estilo morenovallista de gobernar estuvo basado en el control férreo del poder por parte del gobernador, para lo cual se echó mano de la represión, amenazas, espionaje, persecución y cárcel contra críticos y opositores. Puebla viene de un proceso político en el que la mayor parte de la prensa fue controlada; hubo más de 300 presos políticos y se afectaron sistemáticamente los derechos humanos de grandes segmentos de la población. Asimismo, las estructuras de gobierno se han utilizado básicamente para hacer negocios.

La violencia política en las elecciones del 1 de julio de 2018 reiteró este desprecio que los gobernantes de Puebla han tenido hacia la democracia. El orden de gobierno más cercano a la población, el municipio, es el eslabón más débil del estado. Las juntas auxiliares sufrieron el embate centralizador y al mismo tiempo fueron protagonistas de una resistencia social y política.

Rafael Moreno Valle-Rosas ganó la gubernatura en 2010 gracias al anhelo de cambio de una sociedad harta del autoritarismo. La alternancia no significó alternativa. El cambio de gobierno y de partido no trajo ni mejora democrática ni incremento del bienestar social.

Postura ///

El antiguo régimen fue autoritario. Si de verdad se quiere construir un nuevo régimen tiene que asentarse en una base de procesos democráticos. Hay que evitar el reciclaje de la vieja clase política en el nuevo gobierno.

La desafección y apatía democrática que prevalece en Puebla y en México en general es también un obstáculo al sano desarrollo social, pues impide el desahogo del potencial creativo e innovador de los poblanos.

La democracia, a pesar de ser imperfecta, sigue siendo el régimen que otorga a los ciudadanos el timón de la agenda pública, el control de los gobernantes y las posibilidades de moldear el curso de la historia. Los poblanos y los mexicanos aún no hemos experimentado la democracia en su plena realización. Por eso, en este momento de cambio político, el nuevo régimen en Puebla debería garantizar la plena democratización y la vigencia del Estado de derecho.

Propuestas ///

Alentar y expandir las experiencias de presupuesto participativo; que las colonias, los barrios y las comunidades puedan proponer proyectos para mejorar su bienestar y que exista un presupuesto votable para dichas iniciativas construidas desde abajo.

Libertad a los presos políticos y fin a los procesos judiciales contra personas y comunidades que han cuestionado proyectos impuestos de forma autoritaria.

Respeto pleno a la libertad de expresión y a la libertad de asociación.

Evitar la intromisión del ejecutivo en otros ámbitos del poder estatal.

Eliminar las prácticas informales de control y coacción del legislativo.

Evitar el sometimiento de los gobiernos municipales a través de la aprobación de sus cuentas públicas u otros mecanismos de coacción.

 Garantizar la independencia del poder judicial, particularmente a través de los nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia.

 Procurar que el ejecutivo estatal sea ejemplo de las mejores prácticas de gobierno abierto, de gobierno electrónico y de gobierno de proximidad social.

 Promover desde el ejecutivo estatal las mejores prácticas de colaboración gobierno-universidades-iniciativa privada y organismos civiles para la resolución de los problemas más acuciantes del estado.

Hacer públicos a los beneficiarios de presupuestos, contratos, negocios y todo aquello que se hizo al amparo de la impunidad y emprender los procesos jurídicos necesarios para sancionar las eventuales conductas delictivas cometidas.