Diagnóstico ///

El desarrollo del estado ha sido desigual en sus distintas regiones y con poco cuidado de sus recursos naturales. Por ejemplo, en la Cuenca del Alto Atoyac, donde se ubica Puebla capital, los cuerpos de agua están fuertemente contaminados según CONAGUA, la zona forestal se ha reducido en 74% entre 1979 y 2014 en esta misma región y la zona urbana ha aumentado más de 500% (Muñoz, 2014). Esto ha incidido sobre la recarga de acuíferos y, dado el crecimiento industrial y de descargas urbanas, en el deterioro de la calidad del agua. Por otra parte, los indicadores de cobertura de los servicios de agua potable (83.4%), alcantarillado (87%) y saneamiento (38.6%) están por debajo de los nacionales, siendo la cobertura de tratamiento de aguas residuales el subsector que requiere más trabajo. La baja cobertura de agua potable, es mayor aún en la Mixteca, la Sierra Negra y varias sub-cuencas de la Sierra Norte.

Conjuntamente con las diferencias regionales, los patrones de desarrollo han dado lugar a sobreexplotación de recursos, contaminación en particular del aire y del agua que no se reportan a la sociedad, y deterioro ambiental, que a su vez ha impuesto costos a la salud de las comunidades, causando leucemia y otros tipos de cáncer, y en ocasiones afectando la viabilidad de proyectos de desarrollo. Esto se ha visto reflejado en la competitividad de la entidad. El Índice de Competitividad Estatal 2018 del IMCO pone a Puebla en el lugar 19 de 32 cuando se analizan todos los factores de competitividad, pero en el lugar 25 cuando se evalúa su desempeño en el manejo sustentable del medio ambiente (IMCO, 2018).

En este contexto, identificamos seis temas a considerar en la agenda ambiental de los próximos años: sobreexplotación y contaminación del agua; deterioro de la calidad del aire; deterioro ambiental de los megaproyectos; afectaciones a la biodiversidad; manejo inadecuado de residuos y desarrollo territorial inhibidor del crecimiento económico y que ha generado conflictos socio-ambientales en distintas zonas del estado. Estos temas son transversales en sus causas y en sus efectos (SEMARNAT, 2016).

Postura ///

El objetivo principal de la agenda ambiental de la próxima administración debe ser avanzar hacia el desarrollo económico de Puebla de manera sustentable e incluyente, que se convierta en un estado limpio y verde. Esto se puede lograr poniendo en el centro el concepto de justicia ambiental, es decir, la igualdad de oportunidades en el acceso sostenible a los recursos naturales de la biósfera, atendiendo a consideraciones intra- e inter-generacionales. Implica también que el desarrollo debe darse con plena garantía de los derechos humanos, y en concreto, de los derechos ambientales. Esto es, la actividad económica debe dar paso a un mayor crecimiento económico, pero también al aumento en la calidad de vida de la población de todos los grupos sociales, garantizando el acceso a un medio ambiente sano, consagrado como un derecho humano en el artículo cuarto constitucional.

Propuestas ///

Desarrollar un plan de ordenamiento territorial y ecológico estatal que garantice la protección de los recursos naturales y fomente el crecimiento sustentable.

Atender la sobreexplotación y contaminación del agua de acuerdo con las necesidades regionales y garantizar la cobertura de los servicios de agua potable de calidad, así como el saneamiento en todos los rincones del estado.

Monitorear la calidad del aire, considerando el agravante de las exhalaciones volcánicas, y diseñar protocolos y acciones concretas para reducir la concentración de contaminantes en las zonas urbanas e industriales del estado, disminuyendo así los impactos sobre la salud.

Fomentar el uso de tecnologías limpias para la generación de electricidad y para poder llegar a todos los rincones de la entidad sin necesidad de redes extensas de distribución.

Trabajar para el manejo intermunicipal de los residuos de tal manera que Puebla sea el estado con la menor producción de residuos per cápita que vayan al relleno sanitario.

Promover el desarrollo de los planes de ordenamiento de los municipios que permitan normar el deterioro ambiental de los megaproyectos mediante la aplicación de la normatividad ambiental y mediar para la promoción de los derechos ambientales y humanos abriendo espacios de diálogo con comunidades, empresas y autoridades federales.

Reorientar el desarrollo territorial con un enfoque sistémico ambiental para inhibir el crecimiento urbano, promover la redensificación de las ciudades con desarrollo orientado al transporte y de acuerdo con los recursos y servicios locales, en particular atendiendo a la disponibilidad del agua.