Diagnóstico ///

Puebla figura como una de las entidades con más altos índices de impunidad en el país. En el reporte Índice de Estado de Derecho en México, en el que se evaluaron factores como límites al poder gubernamental, justicia civil y justicia penal, se ubicó al estado en los últimos lugares en el factor de protección efectiva a los derechos fundamentales (30 de 32 entidades federativas evaluadas) que incluye los derechos a la vida y la seguridad, a la libertad de expresión, y laborales, por señalar algunos (World Justice Project, 2019).

Las principales violaciones a los derechos humanos se manifestaron en la seguridad jurídica¹, integridad y seguridad personal, legalidad, trato digno, derecho de petición, derecho a la educación, y protección de salud, ubicando como principales autoridades responsables a las Presidencias Municipales, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública (CDH Puebla, 2019).

Por otro lado, la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el territorio, ha generado hostigamiento, amenazas y daño a la integridad e incluso, el asesinato de tres defensores de derechos humanos en las Sierras Norte y Nororiental, así como la desaparición forzada de un defensor en la Sierra Negra. En este ámbito, se documentaron al menos 26 casos de proyectos de desarrollo e infraestructura como gasoductos, proyectos mineros e hidroeléctricas, además de 1,137 pozos de fractura hidráulica proyectados entre 2008 y 2014, a partir de información emitida por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (De la Fuente & Llano, 2016).

Postura ///

La impunidad no sólo representa un obstáculo para acceder a la justicia, sino la negación de ésta. Por ello, deben evaluarse los sistemas de administración y procuración de justicia, a fin de cumplir con la obligación de investigar, sancionar y reparar de forma integral el daño a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, esto con el propósito de garantizar el acceso a la justicia y la verdad, especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad. A su vez, es importante considerar medidas efectivas y oportunas para la justiciabilidad de los DESCA y prevenir actos de violencia contra defensores de derechos humanos (ONU, 2018).

Frente a las graves violaciones a los derechos humanos en Puebla, se ubican una serie de carencias en las estructuras gubernamentales, derivadas del incumplimiento y falta de implementación de la legislación interna, tal es el caso de la inexistencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Propuestas ///

 Revisar, actualizar y armonizar procesos de transversalización e institucionalización de los derechos humanos, como la aplicación efectiva de leyes y protocolos específicos, conforme a estándares internacionales, y el diseño programático y presupuestal adecuado para la exigibilidad y cumplimiento de todos los derechos.

Elaborar el Programa Estatal de Derechos Humanos a partir de un diagnóstico integral que incluya enfoque de derechos humanos, principio de progresividad y enfoque interseccional. Así como una evaluación permanente del cumplimiento de metas, indicadores de proceso y de impacto.

Implementar las recomendaciones realizadas en las recientes revisiones a México por parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU) y el Comité contra la Tortura (CAT).