El ejercicio autoritario del poder en el estado en años pasados trastocó dos principios fundamentales para la existencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas: el fortalecimiento de las instituciones de vigilancia y contrapeso, por un lado, y el impulso de una sociedad civil organizada y pujante, incluyendo los movimientos sociales, por el otro. Las primeras fueron capturadas y, por tanto, debilitadas en su función de equilibrio por la forma autocrática de gobierno; los movimientos sociales, cuando no fueron reprimidos, fueron hostigados o desactivados.
De acuerdo con el Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción, la corrupción no sólo es un delito a sancionar, sino principalmente un fenómeno de captura de puestos, presupuestos, decisiones y del aparato de justicia (PIRC-CIDE, 2019). El déficit democrático obedece en buena medida a la ausencia de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas que permitan combatir la corrupción en todas sus dimensiones, tanto desde un enfoque punitivo como desde una mirada preventiva.
Con base en el Índice de Estado de Derecho en México 2018, Puebla se encuentra por debajo del promedio nacional en dos factores primordiales: ausencia de corrupción y límites al poder gubernamental. El estado ocupa la posición 22 respecto a la primera variable y 26 en relación con la segunda con calificaciones de 0.33 y 0.38 en una escala de 0 a 1, respectivamente. El primer factor mide la ausencia de corrupción en el gobierno, incluyendo sobornos, influencias inapropiadas de intereses públicos y privados y la apropiación indebida de fondos públicos. El segundo factor mide la sujeción a la ley de quienes gobiernan y la existencia de frenos y contrapesos que los obliguen a rendir cuentas, incluidos aquellos de carácter no gubernamental como la prensa (World Justice Project, 2019).
La corrupción, como problema público, va en detrimento de los contrapesos institucionales y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas; asimismo, constituye un obstáculo para el respeto de los derechos humanos y la impartición de justicia, con mayor impacto entre sectores en condiciones de vulnerabilidad y en la mejora de las condiciones de vida de las mayorías más empobrecidas. El momento político actual representa una oportunidad para avanzar en el combate a la corrupción y en la articulación de una política coherente y eficaz de rendición de cuentas. Lo es por la exigencia institucional de contar con un Sistema Estatal Anticorrupción que evite la fragmentación de esfuerzos y, al mismo tiempo, por la posibilidad de implementar mecanismos de rendición de cuentas con base en el fortalecimiento de contrapesos al poder, así como en la generación de un contexto de exigencia que incentive la participación ciudadana para la vigilancia, la evaluación y el control del poder público.
Favorecer el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, poniendo especial atención en la independencia de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Puebla. Esta última debe contar con el personal, la infraestructura y los recursos suficientes para tener éxito.
Construir una política anticorrupción acorde con la arquitectura institucional que se ha echado a andar y el acompañamiento de actores sociales.
Profesionalizar la administración pública sobre la base de mandatos claros.
Generar inteligencia institucional con el uso estratégico de información pública, a partir de la vigilancia de procesos y la identificación de áreas de riesgo y de mejora.
Impulsar esquemas de coparticipación, cogestión y supervisión para la atención de problemas públicos y la conducción de funciones de gobierno bajo los principios de gobierno abierto.
Evitar la intromisión del Ejecutivo en las decisiones de otros poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos.
Respetar la autonomía de los órganos encargados de garantizar los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP) y la Auditoria Superior del Estado de Puebla (ASE).
Acatar decididamente y con sentido proactivo las obligaciones de transparencia y el acceso a la información pública, garantizando la aplicación del principio constitucional de máxima publicidad.
Impulsar el fortalecimiento de la Secretaría de la Contraloría en términos de independencia y plena efectividad.