— 45 — En eso mismo coincide Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien asegura que “no es un debate de austeridad, sino un intento de concentrar poder en la Presidencia. Es el regreso del hiperpresidencialismo” (Rosa, 2021). Aunado a lo anterior, la extinción de estos organismos contravendría los estándares internacionales en materia de derechos humanos y violaría compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. En el caso del derecho de acceso a la información, la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión coinciden en la necesidad de que el órgano garante cuente con autonomía, mientras que, en materia de telecomunicaciones, el capítulo 18 del T-MEC establece que México tiene un organismo autónomo que regula esta materia. Otra de las estrategias utilizadas por el presidente para desprestigiar la labor del INAI es difundir información falsa sobre su actuación, como que el órgano garante es “una tapadera” que ha impedido conocer datos sobre corrupción, por ejemplo, en el caso Odebrecht. Sobre el tema, el periodista Arturo Ángel enfatiza en un artículo publicado en enero de 2021 en The New York Times: El presidente señala al instituto de mantener en secreto el expediente de investigación sobre la corrupción de la constructora brasileña en México. Lo ha repetido desde 2019, la última vez el 14 de enero. Lo que calla es que dicha clasificación en realidad fue impuesta por la entonces Procuraduría General de la República y fue ratificada por la hoy Fiscalía General, que dirige la persona que el propio López Obrador designó como encargado (2021a). Más aún, durante el actual gobierno hay retrocesos graves en materia de transparencia y acceso a la información, pues no sólo se reservan documentos que deberían ser públicos porque así lo mandata la ley, sino que cada vez hay más obstáculos para acceder a información fidedigna, pertinente y actualizada sobre las políticas públicas, compras y contratos y, en general, sobre las decisiones y programas gubernamentales. Algunos especialistas consideran que en materia de acceso a la información se registran retrocesos que no se habían visto en años. Marco Cancino, director de las organizaciones Inteligencia Pública y Justicia Cívica, critica la renuencia de los funcionarios de esta administración para entregar información pública: las respuestas que dan son las mismas que escuchábamos en 2001, cuando la transparencia comenzaba a ser un tema… ¿Por qué te tengo que dar esos datos? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Me vas a ‘golpear’? Esas eran cosas que pensábamos ya habíamos dejado atrás y ahora tenemos que volver a enderezar el camino (Soto, 2020).
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