— 46 — Por su parte, Mariana Campos, directora del programa de presupuesto de la organización México Evalúa, coincide en la profundización de la opacidad gubernamental y menciona que: la gran paradoja de la transparencia de este gobierno se refleja en el área de contratos públicos. Por años, el presidente López Obrador se dedicó a criticar la opacidad en los contratos de obra pública, calificándolos de ser un “nido de corrupción” y el ejemplo perfecto de la relación dañina de los empresarios y los funcionarios de gobierno. No obstante, aseveró, esta administración ha sido una de las más opacas en ese rubro (Soto, 2020). Prueba de la opacidad de la llamada Cuarta Transformación es que, en este sexenio, han crecido los recursos interpuestos por personas que se quejan por las respuestas y negativas que los entes públicos dan a sus solicitudes de información y, a la par, han aumentado los juicios de amparo en contra de resoluciones del INAI que les instruyen a entregar datos al sumar 371 litigios en los primeros años de gobierno (Ángel, 2021b). Comparado con lo que ocurría en 2015, el promedio de recursos de revisión promovidos ante el INAI en el periodo de octubre de 2019 a septiembre de 2020 se elevó más de 56%. Llama la atención que “el Poder Ejecutivo —junto con los sindicatos— son los entes más opacos, y la Oficina de la Presidencia en específico se encuentra en los niveles más bajos de acceso a la información pública desde 2003” (Ángel, 2021b). Tan sólo en 2020, la Oficina de la Presidencia se declaró notoriamente incompetente para responder solicitudes de información en 389 ocasiones. Esto destaca si observamos que entre 2015 y 2019 nunca se había utilizado este mecanismo para negar información por parte de Presidencia (Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, 2021). Contrario a lo que sostiene el mandatario, el INAI ha tutelado el derecho de acceder a datos de las personas, pues según su informe anual 2020, en 64.5% de los 9 mil 182 recursos de revisión resueltos en ese año, se dio la razón a los solicitantes (INAI, 2020), lo que demuestra la importancia de contar con un órgano garante autónomo y especializado. Entre la información que se había negado a los ciudadanos y que el INAI ordenó que se entregara a quienes la solicitaron se encuentran las averiguaciones previas por las desapariciones en San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León; las operaciones facturadas de diversas empresas fantasma; o diversos datos de la construcción e inversión en el Aeropuerto Felipe Ángeles (Ángel, 2021b). La estrategia del actual gobierno para minar la transparencia se articula con la de comunicación basada en las mañaneras y se suma a la permanente descalificación y ataque a medios y periodistas, incluida la nueva sección “Quién es quién en las men-
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