La 4T bajo la lupa

— 18 — El ensanchamiento de la presencia militar en la vida pública comenzó temprano en el sexenio con las acciones de combate al robo de combustible, estrategia en la que el presidente incorporó prontamente al Ejército en tareas de resguardo de zonas conflictivas y custodia de pipas de combustible, y continuó con otras actividades como el traslado y la distribución de libros de texto gratuitos o, en el caso de la Marina, la contención del fenómeno del sargazo en las playas del Caribe mexicano. Actualmente, las Fuerzas Armadas concentran entre su catálogo de encargos la vigilancia de las fronteras con el fin de frenar el paso de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos; la entrega de programas sociales; la instalación y administración de viveros; la distribución de equipos e insumos médicos; la elaboración de trajes para el personal médico; la remodelación de hospitales; la distribución, custodia y aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2; la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía que posteriormente administrarán,10 sucursales del Banco de Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional y tramos del Tren Maya —polémica obra en el sureste del país que también administrarán junto con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec—; la vigilancia de aeropuertos y carreteras; y el control de puertos y aduanas.11 Según un recuento realizado por El Universal en marzo de 2021, López Obrador le había solicitado a las Fuerzas Armadas asumir al menos 27 quehaceres que anteriormente se encontraban en manos de civiles. En julio de 2020, el mismo diario había documentado 13 tareas adicionales, con lo que en ocho meses acumularon casi dos actividades más por mes. Así, mientras avanza la militarización de la seguridad pública, avanza también el militarismo, “que consiste en la preponderancia del poder militar sobre el poder civil en términos políticos y en donde la esfera castrense influye en la toma de decisiones políticas del Estado más allá de las del sector de seguridad y defensa” (Arana y Anaya, 2020). En México, esto es visible en tres evoluciones: la subordinación de las fuerzas civiles bajo el mando operativo de la Secretaría de Defensa Nacional, ejemplificada en la Guardia Nacional; el uso de las Fuerzas Armadas para implementar los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal (aeropuerto, Tren Maya y sucursales del Banco de Bienestar); y la habilitación del Ejército y la Marina como la primera respuesta del gobierno para atender cualquier emergencia o crisis (Storr, 2020). 10 De acuerdo con información reportada en medios de comunicación, la concesión otorgada a los militares tiene una duración de 50 años. Ver: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/08/23/gobierno-otorga-concesion-de-santa-lucia-a-militares-por-medio-siglo/ 11 Una tarea más asignada por la Cámara de Diputados a las Fuerzas Armadas, aún pendiente de la aduana del Senado a la fecha en que se redactó este texto, fue darles un asiento en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, responsable, entre otras cosas, de establecer las políticas nacionales en materia de investigación científica y definir prioridades y criterios para la asignación del presupuesto en ciencia, tecnología e innovación.

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