— 95 — un comunicado, que la consulta no cumplió con los estándares internacionales: previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Para el organismo no fue una consulta previa, ya que, según la convocatoria y los protocolos, el objetivo no fue escuchar la opinión de los pueblos indígenas sobre la pertinencia del proyecto, sino “establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios” (ONU-DH, 2019). La información otorgada fue parcial, debido a que notificaban los posibles beneficios, pero no advirtieron sobre los impactos negativos que pudiera ocasionar; de hecho, el comunicado de la ONU-DH afirma haber observado que no hubo respuesta a las preguntas explícitas sobre los impactos negativos del proyecto, lo cual hace difícil que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. Respecto a la adecuación cultural del proceso, el comunicado menciona que la metodología no fue construida ni acordada con las comunidades involucradas, sino definida unilateralmente por las autoridades; por tanto, hubo dificultades de tiempo, de traducción, de transporte y de representación; ya que privilegiaron la participación de autoridades municipales y ejidales, y excluyeron a otros grupos de las mismas comunidades; principalmente a las mujeres indígenas (ONU-DH, 2019). Además de las faltas al debido proceso de consulta, más de 100 organizaciones de indígenas y ambientalistas han denunciado la deforestación y la degradación ambiental, y alrededor de 40 comunidades mayas han interpuesto juicios de amparo contra el proyecto de desarrollo Tren Maya por las afectaciones ambientales y culturales en sus territorios (Díaz, 2021; Reporte Índigo, 2020). Dentro de las organizaciones que promovieron los amparos se encuentran el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano, Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, la agrupación Chuun T’aan Maya y el colectivo Indignación. Hasta ahora han interpuesto seis amparos y tres de ellos han conseguido el fallo a favor de la suspensión definitiva de la obra (Gómez, 2021; Reporte Índigo, 2020). A pesar de las controversias, las obras continúan y el gobierno se ha comprometido a inaugurar el Tren Maya en el 2023 (Mejía, 2021). La personalidad jurídica de los pueblos indígenas y el INPI Un elemento de especial importancia en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos a los pueblos originarios es el de definir la forma en que expresarán su voluntad política. Tratándose de entes colectivos, cabe preguntarse quién puede, y mediante qué instrumentos, manifestar las decisiones que tomen, por ejemplo, al momento de ser consultados. La organización política intercomunitaria ha sido una necesidad relativamente reciente para el nombramiento de representantes en cabildos y órganos legislativos a nivel estatal o federal. O para el nombramiento de funcionarios en cargos de la administración pública que lo requieren, como el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas
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