— 94 — y, por otro, ha contado con la oposición de pueblos y comunidades que argumentan afectaciones ambientales y culturales en sus territorios. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la supervisión de la obra, en Maxcanú, Yucatán, el 6 de marzo de 2021, afirmó que el proyecto de desarrollo Tren Maya busca reparar el daño de abandono en que han dejado al sureste mexicano los gobiernos anteriores y que esta reivindicación del sureste se hará con inversiones. Dicho proyecto constará de 1,500 kilómetros de construcción ferroviaria que se extenderá a través de cinco estados del país, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Según el presidente, una obra de tal envergadura, con inversión federal, no se había hecho en el sureste desde los años 50 del siglo pasado en que se terminó el ferrocarril del sureste (López O., 2021c). Según información oficial (Fonatur, 2021), se prevé impulsar el desarrollo integral del sureste y de la península de Yucatán mediante la inversión en infraestructura de transporte para facilitar el comercio agropecuario, construcción y traslado de combustibles; así como fomentar y distribuir el turismo en las distintas zonas de la península. Esto requiere un nuevo ordenamiento territorial, urbano y comercial, alrededor de las más de 15 estaciones, para favorecer la inversión local, la generación de empleos, la oferta de servicios y el valor inmobiliario de la zona. Todo, se afirma, con una perspectiva de desarrollo sustentable para las comunidades de la región; es decir, que pretendidamente considerará la protección del medio ambiente y el respeto de la riqueza biocultural. Debido a que el Tren Maya atravesaría diferentes territorios indígenas, el gobierno se comprometió, según la Convocatoria del Proceso de Consulta Indígena, a desarrollar el proyecto “mediante el diálogo y consulta con los pueblos y comunidades indígenas ubicados en la zona de influencia del proyecto, con la finalidad de que se incorpore su visión, y especificidad cultural, asimismo, para que se diseñe su participación plena y efectiva y la distribución justa y equitativa de los beneficios” (Fonatur, 2019: 2). La consulta a los pueblos indígenas se realizó entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019. Según el INPI, se realizaron 30 asambleas regionales (15 informativas y 15 consultivas), con participación de más de diez mil personas entre autoridades y representantes de las 1,440 comunidades indígenas convocadas de los pueblos maya peninsular, ch’ol, tseltal y tsotsil de la región (INPI, 2020). En la consulta realizada, con 75% de participación de las comunidades indígenas convocadas, 93.2% dio su aprobación con el SÍ y 7.4 % su desaprobación con el NO (INPI, 2019). Sin embargo, tanto el proceso de consulta como el proyecto mismo del Tren Maya ha tenido muchas críticas y oponentes porque viola el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, según el Convenio 169 de la OIT y el derecho a la libre determinación consagrado en el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), invitada por distintas instituciones de gobierno federal como observadora del proceso de consulta, destacó, en
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