La 4T bajo la lupa

— 87 — PUEBLOS INDÍGENAS: ENTRE LA ALABANZA RITUAL Y LA LIBRE DETERMINACIÓN Gabriel Mendoza Zárate y Julio César Ávalos Huerta Introducción La elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República representó para algún sector de los pueblos originarios y del indigenismo en México la esperanza de que, por fin, una nueva forma de relacionarse con el Estado tendría lugar. Aunque sucesivas reformas constitucionales en 2001 y en 2011 habían establecido un nuevo marco normativo, ciertamente no tuvieron implicaciones notorias en la vida de las comunidades. A lo largo de los últimos tres sexenios, las reivindicaciones exigidas siguieron siendo básicamente las mismas que las que se hicieron visibles a partir de la insurgencia zapatista de 1994 y que se pueden sintetizar en el respeto a la libre determinación, a los derechos territoriales y a los derechos culturales. Aunque las políticas asistencialistas de los anteriores gobiernos federales no habían resultado eficaces para combatir el rezago en materia de servicios sociales o la pobreza, en realidad, los reclamos más importantes de los movimientos indígenas estaban enfocados en aspectos a los que la clase política no ponía particular atención, especialmente aquellos relativos a la autodeterminación política y a la autogestión de los recursos en sus espacios territoriales. Y es que el origen de las grandes tensiones históricas entre el Estado mexicano y los pueblos originarios ha sido precisamente la desconsideración de los derechos históricos de los pueblos sobre sus territorios, los derechos a mantener sus propias formas de organización social y política, así como a definir sus prioridades en lo que atañe a su desarrollo como colectivos diferenciados culturalmente. Así, los programas sociales de las últimas décadas que ponen el acento en la asistencia sanitaria o el fomento del empleo en las comunidades, en el mejor de los casos, podrían arrojar resultados positivos en algunos indicadores de combate a la pobreza, pero no necesariamente representarían el logro de las aspiraciones de los pueblos; más aún, los proyectos de desarrollo enfocados en el crecimiento económico frecuentemente constituyen nuevas formas de agresión cultural y de invasión de los territorios. Los gobiernos federales encabezados por Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto tuvieron muy pocas diferencias con relación a sus políticas públicas en materia indígena; con resultados mediocres, su enfoque prácticamente exclusivo fue el combate a la pobreza. No podríamos afirmar que las promesas de campaña de López Obrador anunciaran un auténtico cambio de rumbo en este sentido,

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