Rúbricas 8

49 Pablo Cotler, Doctor en Economía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Correo: pablo.cotler@ibero.mx A pesar de estar considerado como país de ingreso medio alto, en México sólo el 27 por ciento de la población tenía una cuenta en una institución financiera y para el caso del 40 por ciento más pobre, la cifra era de tan sólo 12 por ciento. Introducción Debido a sus posibles efectos sobre las decisiones de consumo, inversión en capital humano y en activos físicos, selección de tecnología y actividad productiva, el acceso al sistema financiero es esencial. No obstante, si algo distingue a muchas economías en desarrollo –México entre ellas– es el poco uso que la población de bajos recursos hace de los productos y servicios financieros que ofrecen las instituciones formales. De acuerdo con The Little Data Book on Financial Inclusion del Banco Mundial (2012), sólo el 50% de las personas mayores de 15 años en el mundo tenían una cuenta en una institución financiera y en América Latina dicha cifra era del 39%. Esta misma fuente reporta que para el caso de México, a pesar de estar considerado como país de ingreso medio alto, únicamente el 27% de la población tenía una cuenta en una institución financiera y en el caso del 40% más pobre de la población mexicana, la cifra era de tan sólo el 12%. El bajo uso de servicios financieros puede obedecer tanto a una baja demanda por dichos servicios como a un problema de acceso a éstos (ver Cotler, 2009). Sin embargo, tomando en consideración que no hay motivos para pensar que las necesidades económicas de la población mexicana debieran ser muy distintas a las del resto de América Latina, el bajo uso que hay en nuestro país –en términos absolutos y relativos– tiende a asociarse en mayor medida con un problema de oferta. Buscando revertir tal situación, el gobierno federal logró la aprobación, por parte del Poder Legislativo, de una reforma que tuviera entre sus principales objetivos la ampliación del financiamiento. A este respecto, el objetivo del presente artículo consiste en un breve análisis de las repercusiones que las medidas tomadas pudieran tener sobre el accionar de las entidades de ahorro y crédito popular, así como mencionar medidas adicionales que debieron haberse tomado para alcanzar el objetivo deseado. LA REFORMA FINANCIERA Y LAS ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

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