Rúbricas XIII Derechos humanos en Puebla 5 PRESENTACIÓN La grave situación en materia de derechos humanos que se vive en México tiene, desafortunadamente, una réplica proporcional en Puebla, entidad en la que se conjuga una historia marcada por la colonialidad, que ha devenido en una sociedad dividida en castas, desigual y fragmentada, con la existencia de una institucionalidad puesta al servicio de los grandes capitales nacionales e internacionales y la acción de diversos poderes fácticos, con las consecuentes violaciones a los derechos humanos. En este contexto, el presente número de Rúbricas presenta una serie de siete artículos derivados de la investigación "Derechos humanos en Puebla: su progresividad a partir de procesos históricos y contextos actuales", elaborada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., de la Universidad Iberoamericana Puebla. En el primer texto titulado "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en Puebla", Rosario Arrambide González muestra la brecha existente entre el reconocimiento legal del derecho al acceso a la justica y su realidad sustantiva en Puebla, donde las mujeres víctimas de violencia se enfrentan a una serie de obstáculos ante el sistema de administración de justicia, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad frente al agravamiento de la violencia en su contra y fomenta su repetición. En el segundo texto se exponen algunos de los resultados alcanzados por Juan Pablo Silva Medina, en su proceso de recuperación, análisis e interpretación de información relacionada con la dinámica migratoria en tránsito por México, especialmente de aquellas personas en situación migratoria irregular. Silva da a conocer aspectos vinculados al contexto de suma peligrosidad para dichas personas, donde la violencia y violaciones a derechos humanos afectan de forma desproporcionada a los sujetos en situación de movilidad. En "Conflictos locales y derecho al agua en el estado de Puebla", Jorge Eduardo Morales Sierra da cuenta de cómo desde 1992 –año en que también ocurrió la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla– comenzó un proceso de privatización del agua, restringiendo a grandes sectores de la población el goce del derecho humano al acceso y uso de ese líquido esencial. La recuperación y análisis de dicho proceso de mercantilización del agua da elementos para entender fenómenos de mayor precarización y de despojos y acumulación de bienes tan preciados como el agua. Con relación a los derechos a la libertad de expresión y a la información, Josué Hernández revisa la situación de inseguridad, censura, acceso a la información y de restricciones y ataques al ejercicio periodístico en Puebla. Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, Eduardo García da cuenta de las deficiencias del proceso de institucionalización de los referidos derechos en Puebla, y las consecuencias que ello ha tenido en su garantía, protección y respeto. Entre otros datos que se dan a conocer, destacan la situación de las tasas de mortalidad y morbilidad de la niñez poblana, en general, y de aquella con discapacidad en la entidad, estableciendo una explicación de dicho fenómeno como consecuencia de administraciones estatales que, en el discurso, invocan la existencia de los derechos humanos, pero en la práctica, no sólo desarrollan acciones marcadas por el asistencialismo, sino también por la opacidad. Por su parte, Galilea Cariño revisa, en "Seguridad Ciudadana", el contexto de la seguridad en Puebla, bajo un enfoque cuya prioridad está más centrada en la prevención y la participación de las personas y colectivos, a diferencia de la seguridad pública. Este recorrido abarca de forma general, algunos aspectos relacionados con la seguridad privada, la victimización, la inseguridad y la corrupción, como fenómenos que se interceptan y generan un clima de precariedad respecto de la seguridad en el estado. Finalmente, en "La paridad de género en disputa con la noción de ciudadanía que ha excluido a las mujeres", Ana Jetzi Flores Juárez da cuenta de cómo el estado de Puebla presenta serios déficits de participación política de las mujeres, con vistas a la paridad representativa de género; ellas sólo ocupan el 6.5% de las presidencias municipales, cuando en el país este porcentaje es de 14.4%. Flores Juárez argumenta que la presencia de las mujeres en la vida política “es un asunto de justicia social y resulta un indicador de la democracia, además favorece que se coloquen en la agenda pública, los intereses y necesidades de poco más de la mitad de la población”, cosa que en Puebla está muy lejos de ser una realidad.
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