Rúbricas XIII Derechos humanos en Puebla 41 sido un debate respecto a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, particularmente cuando se plantea la idea de que, por mandato judicial, la o el periodista revele su fuente. A la censura directa se suman acciones como llamadas directas a la redacción para quitar ciertas notas, particularmente de portales digitales, también los ataques cibernéticos o robo de equipo, la propia autocensura a la que se orilla a periodistas frente a contextos de violencia y amenazas, pero, además, otras prácticas que se sugieren en el informe del IDHIE, que consisten en una especie de juego entre algunos medios y el gobierno, en los que se colocan notas críticas (lo que se conoce como “golpeteo” mediático) como formas de negociar asignaciones de publicidad u otro tipo de favores. La censura indirecta, por otra parte, busca restringir la circulación de información por distintas medidas que incluyen la presión financiera, administrativa o la asignación discrecional de publicidad oficial (recomiendo consultar los informes que ha realizado Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre el tema). En esa línea, no sólo los contratos están reservados, sino que ha servido la facultad de asignar publicidad oficial a medios afines como medida de ahorcamiento a medios independientes o que han sido críticos con las administraciones públicas. Moreno Valle hizo, durante su gestión, una promoción de su imagen a lo largo del país sin que hubiese transparencia respecto al gasto ejercido por dicha publicidad. Se sabe que contrató a Make Pro para publicitar su primer informe de labores en 26 estados de la República con un costo de 14 millones de pesos; esto a pesar de que, desde 2007, en México se prohíbe que cualquier persona en funciones públicas difunda su nombre, imagen, voz y símbolos a través de la publicidad oficial, además de que, de acuerdo con el artículo 6° constitucional, también está prohibida la propaganda - Se sabe que el ex gobernador Moreno Valle contrató a Make Pro para publicitar su primer informe de labores en 26 estados de la República con un costo de 14 millones de pesos; esto a pesar de que, desde 2007, en México se prohíbe que cualquier persona en funciones públicas difunda su nombre, imagen, voz y símbolos a través de la publicidad oficial. Foto: Wikimedia commons
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