Rúbricas XIII Derechos humanos en Puebla 37 La libertad de expresión, como cualquier derecho humano, es interdependiente de otros. Por principio de cuentas, es una extensión de la libertad de pensamiento, pero además tiene una relación estrecha con el derecho a acceder a la información y con la seguridad personal, en tanto no hay mayor atentado contra ella que aquel que se comete contra la vida de la persona. Bajo ningún motivo está sujeta a censura o inquisiciones; es decir, no se puede silenciar la palabra de nadie, así como no puede ser ésta motivo de persecución, salvo por las responsabilidades legales que entrañe cualquier opinión y que, no sobra decir, sólo las vías legales pueden resolver. Si bien el derecho es para cualquier persona, y una de sus expresiones clave es la protesta social, aquí nos abocaremos a considerar únicamente el ejercicio de la libertad de expresión a través del periodismo puesto que la profesión, además de ser fundamental para la vida democrática de un país, se ha vuelto una de las más peligrosas para ejercer en México. En ese sentido, el panorama ideal que debería existir para la garantía de este derecho dista de ser una realidad, lo que ha provocado una fractura en la posibilidad de generar una sociedad más participativa, así como un gobierno transparente y que rinda cuentas respecto de sus acciones. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes ejercen el periodismo observan, documentan y analizan toda la acción pública que puede afectar a la sociedad. La particularidad del ejercicio periodístico está entrañada en su difusión, puesto que busca hacer llegar toda la información que se genera de su ejercicio a distintos sectores de la sociedad. De tal forma es que la participación del ejercicio periodístico en todo el entramado que congrega la libertad de expresión resulta necesaria para contar con información suficiente y veraz, de forma que las decisiones que lleguemos a tomar estén basadas en la consideración de los elementos adecuados. De esta manera, también podemos ver que la libertad de expresión está emparentada con la participación ciudadana y la capacidad de que las personas se involucren en asuntos políticos. Así, al ser el periodismo uno de los ámbitos que más cercanía tiene con la información generada en el día a día por parte de las instituciones públicas y privadas del país, es necesario garantizar que su ejercicio pueda hacerse de manera libre y segura. Sin embargo, según lo han documentado organismos como Article 19, Colectivo Medios libres, Committee to Protect Journalists, o la Red Rompe el Miedo, integrada por diversas organizaciones, las agresiones contra la prensa son preocupantes y, algunas de ellas, resultan directamente en asesinatos. De tal forma, lo que revisaremos en este texto serán las distintas agresiones que sufren quienes se dedican al periodismo; particularmente aquellas personas en cuyo ejercicio periodístico han mantenido una mirada crítica a las administraciones de los distintos niveles de gobierno. En este artículo abordaremos tres cuestiones principales que, si bien se inscriben en un contexto nacional, iremos trayendo al caso del estado de Puebla como formas de agredir e inhibir el ejercicio periodístico y, con ello, la libertad de expresión: a) seguridad de periodistas, b) acceso a la información pública y transparencia, y c) censura directa e indirecta. Estos tres ejes los hemos explorado con mayor detalle en el informe que realizamos desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE), “Derechos humanos en el estado de Puebla: su progresividad a partir de procesos históricos y contextos actuales” (2017). - Seguridad de periodistas De acuerdo con lo informado por la organización Article 19, las agresiones contra periodistas han incrementado año con año desde 2012. En 2014 se registran 326 agresiones; 397 en 2015, 426 en 2016 y 507 en 2017 (Article 19, 2017; 2018). Puebla, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, de 2011 a 2017, se hace presente como uno de los estados que presenta mayores agresiones a periodistas. En 2015 hubo al menos 15 ataques contra dos medios poblanos; se han registrado también intentos de intervención de comunicaciones (tres en 2016) y espionaje en general (Article 19, 2018, 76). Por si fuera poco, quienes ejercen el periodismo no sólo han enfrentado estas agresiones por parte del Estado, también se encuentran en mayor vulnerabilidad por la presencia de grupos del crimen organizado, particularmente asociados al robo de combustible, en algunas regiones. Según lo que registra Article 19 en su informe “Democracia simulada, nada que aplaudir”, al menos 12 de las 26 agresiones documentadas en Puebla en 2017 ocurrieron durante "coberturas ligadas al robo de combustibles” (2018: 76). Puede observarse en el informe del IDHIE que la precariedad y vulnerabilidad que permean las condiciones para realizar el periodismo en Puebla también están dadas por la impunidad de los delitos contra la libertad de expresión, así como por la falta de garantías de seguridad por parte de las propias empresas periodísticas. De acuerdo con el Informe conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y del Relator Especial para la libertad de expresión
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