— 61 — instituciones no han sido capaces, hasta ahora, de una escucha activa y de reconocer en las víctimas los “rostros concretos” de las dinámicas de violencia, del abandono institucional, la incapacidad para brindar seguridad y, actualmente, de las víctimas que son resultado de estructuras de corrupción y de redes de “criminalidad fortalecida por el Estado”, definidas por Kai Ambos (2005) como el fenómeno de la macrocriminalidad. En este contexto, las personas no sólo no encuentran satisfacción, diligencia debida, responsabilidades y sanciones, sino que en muchas ocasiones son revictimizadas. Ante ello, se requiere mirar a las víctimas, reconocer su dolor y reivindicar su dignidad. El escenario descrito es complejo y no se resolverá adoptando modelos sin principio de realidad. Es a las víctimas en México, con las condiciones institucionales descritas y consecuencia de fenómenos multicausales, a las que se debe dar respuesta. A partir de las voces de quienes han sufrido la violencia, desde sus experiencias y necesidades, es posible plantear elementos mínimos a considerar en las reformas anunciadas, que incorporen la perspectiva victimal, de género y de derechos humanos trasversalmente. En este sentido, la construcción de respuestas estructurales y de largo aliento para garantizar acceso a la justicia, verdad y combate a la impunidad requieren de los siguientes elementos: Combate a la inseguridad. La estrategia de militarización ha instalado una lógica belicista y de aniquilamiento en la seguridad. Por ello, el replanteamiento del paradigma debe ser sistémico e implica una concepción humana de la seguridad. Como consecuencia, la Guardia Nacional deberá realizar una transferencia gradual hacia las policías municipales de las funciones de seguridad. Además, la criminalidad compleja debe ser enfrentada en una perspectiva de escala, y coordinación de órdenes de gobierno. En el ámbito local, el modelo ciudadano y de policía de proximidad social debe desarrollar estrategias preventivas focalizadas y diversificadas en función de la incidencia delictiva, recuperación de los espacios públicos, mayor política social, intervención en territorios con abordajes de paz, resolución de conflictos y cultura de derechos humanos, para detener y, en un mediano plazo, revertir la magnitud de la violencia. Rediseños institucionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se han convertido en instancias que se enfrentan a las personas a las cuales deberían proteger. Ambas instituciones deben recuperar su capacidad de autonomía frente a los poderes del Estado y la injerencia de autoridades, garantizar diligencia y procedimientos sencillos, y descentralizar trámites. Los organismos de protección en los estados y las comisiones ejecutivas locales deben consolidarse y superar el control político al que han sido sometidos y desarrollar funciones deficitarias en la actualidad como la construcción de políticas públicas integrales, la educación en derechos humanos, y la prevención, de la mano de las víctimas y de la sociedad civil. Ambas instituciones requieren cambios orgánicos, revisar los procesos de designación, pero sobre todo recuperar la legitimidad perdida en su trabajo cotidiano.
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