— 58 — El autoritarismo endémico del Estado en México El Estado mexicano se caracteriza por el abandono y poca funcionalidad de las policías y de las fiscalías, y su utilización por varias décadas de partido único como mecanismos de control social y de judicialización de la política. Por su parte, las Fuerzas Armadas mantuvieron una estabilidad y sujeción al mando político y una narrativa que resalta su origen popular y nacionalista como fórmula de institucionalidad y lealtad a partir de concesiones recíprocas entre el poder civil y el militar (Moloeznik, 2007). Así, a pesar de una aparente normalidad democrática, de la continuidad de gobiernos civiles y de la sujeción formal del mando, las Fuerzas Armadas han mantenido desde la desaparición del sector militar del PRI en los años cuarenta del siglo XX, un peso político y una autonomía que les da márgenes de actuación discrecional, que van desde la elección interna de los secretarios del ramo, a la falta de controles civiles sobre una corporación monolítica que funciona con una pseudolegalidad endógena y de ascendencia autoritaria, lo que hace del Ejército una entidad cerrada y negada a controles democráticos, que durante varias décadas funcionó como parte activa del aparato represivo del Estado. Por ello, resulta preocupante el frágil equilibrio que existe entre la rama civil y la militar del Estado mexicano y la correlación en la que, en apariencia, las Fuerzas Armadas ejercen un dominio metaconstitucional sobre la vertiente civil del Estado, así como un poder desmedido cuando se ha llamado a rendir cuentas de su actuación desde la sociedad, que les hace entrar en tensiones con otras áreas del gobierno más afines a los temas de derechos humanos y tener la última palabra en casos que involucran abusos militares. La Cuarta Transformación mantiene esta condición de empoderamiento de las Fuerzas Armadas realizada por dos administraciones anteriores, el PRI y el PAN. El discurso cambió, pero la correlación entre el mando civil y el militar sigue inclinándose riesgosamente hacia el Ejército y la Marina. La salida a la violencia, la inseguridad y la impunidad no está en la militarización. La disyuntiva es profundizar en las prácticas autoritarias de los últimos años o comenzar una política genuina más allá de la retórica que asegure seguridad y acceso a la justicia Es imprescindible construir soluciones desde una vertiente verdaderamente democrática y con perspectiva de derechos humanos. Cambios necesarios en el acceso a la justicia. Transformación estructural y no retórica Además de la impunidad deliberada, hay una condición de debilidad e incapacidad institucional para garantizar el acceso a la justicia. Incluso en aquellos casos en los que no existe una decisión política, los diseños institucionales, la estructura del servicio público y su formación profesional, resultan insuficientes ante la complejidad de problemas que hay en materia de verdad y justicia.
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