La 4T bajo la lupa

— 36 — Se trata de una revisión documental que ahonda en la información que, sobre el tema, han generado organizaciones civiles que reivindican el derecho a la información, asociaciones de periodistas e instancias nacionales e internacionales vinculadas a la tutela de estas prerrogativas. El texto describe violaciones y obstáculos relacionados con las distintas dimensiones de la libertad de expresión en su carácter de derecho individual y social. En el primer apartado se aborda la violencia contra la prensa que se mantiene sin que, hasta ahora, el gobierno haya implementado políticas para enfrentar el fenómeno que coloca a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, situación que lesiona no sólo el derecho de los periodistas a expresarse, sino también el derecho de las personas a conocer asuntos de interés público. En los siguientes dos apartados se describe una de las principales estrategias del gobierno lopezobradorista para contrarrestar información sensible y crítica: la estigmatización de medios, periodistas y, en general, de opinadores. Esta estrategia busca debilitar a los emisores de información que contradicen el discurso oficial y/o hacen críticas al gobierno. La estrategia se sostiene en la popularidad y la habilidad propagandística del propio López Obrador y ha sido catalogada como propia de un gobierno autoritario que es incapaz de entender la pluralidad y la crítica como elementos estructurales de la democracia. En el apartado cuarto se expone cómo, a pesar de las promesas gubernamentales, se mantiene la ausencia de criterios democráticos para la asignación de publicidad gubernamental, lo que representa un riesgo de censura indirecta, aunque se reconoce la reducción de los montos destinados a este rubro. Finalmente, en la última sección se abordan los retrocesos que se están registrando en materia de transparencia y acceso a información pública, así como las amenazas de desaparecer los órganos autónomos que son producto del largo proceso de democratización del país. Violencia contra la prensa El asesinato de un periodista representa el punto máximo en la vulneración del derecho a la información en sus dos dimensiones. En la dimensión individual, se silencia una voz que en muchos casos podría ser incómoda por el trabajo de investigación que realiza, generando un efecto inhibidor para la libertad de expresión. En la dimensión colectiva, la sociedad pierde una fuente y puede ver afectada la calidad de la información que reciba de otros comunicadores. El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión” (2000).

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