— 25 — zación germinan dentro de arengas autoritarias, pues comparten una gran cantidad de valores: disciplina, orden, control; en pocas palabras “mano dura”. Y nada ayuda más al reforzamiento y aceptación de estos discursos como el sentimiento de inseguridad y el miedo. No obstante que la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no representa per se una deriva autoritaria, una violación a los derechos humanos, o un atentado a la democracia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una postura clara al respecto: los Estados pueden utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas distintas a las relacionadas con conflictos armados; y en el caso de utilizarles para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna, dicho empleo debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad (Caso Montero Aranguren y otros vs. Venezuela)13 y proporcionalidad (Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México).14 El proceso de militarización de la seguridad en el México contemporáneo La utilización de corporaciones militares en tareas de seguridad pública no es de origen reciente ni exclusivo de México. La expansión geográfica de la militarización ha estado presente en nuestro hemisferio a lo largo de la historia moderna. En clave geopolítica, Estados Unidos ha sido un actor clave en la militarización de América Latina (Daere, 2008). Este fenómeno responde también a la necesidad de control social en México en aras de garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos (Preciado y Florido, 2014). Históricamente, en México los gobiernos han utilizado al Ejército para enfrentar problemas sociales: Díaz Ordaz lo utilizó contra el movimiento estudiantil del 68 y después quedaron grupos activos y relativamente clandestinos durante la llamada “Guerra sucia” de las décadas de los 70 y 80. A partir de 1994, se utilizó al Ejército para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y la fuerte presencia militar en algunas zonas de Chiapas permanece hasta nuestros días. Desde entonces, se ha extendido más allá de lo que fuera la zona de conflicto para asentarse en regiones indígenas del país para el control de otros grupos insurgentes como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de paso controlar otros movimientos sociales (Sandoval Palacios, 2000). Sin embargo, ninguna de las participaciones anteriores en la vida y seguridad pública del país, ha permanecido tanto en el tiempo y ha derivado en consecuencias tan graves como la iniciada por Felipe Calderón Hinojosa en 2006. La situación de militarización que hoy tenemos es generalizada, pues no hay estado de la Federación donde sociedad moderna, lo hace en el sentido de la pérdida de certezas con la inseguridad que ello produce. 13 Sentencia disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf 14 Sentencia disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf
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