— 106 — • Legitimidad y procesos de consulta pública La transparencia en los procesos de autorización de permisos diversos necesarios para la implementación de los megaproyectos, los mecanismos para la asignación de crecientes recursos federales a las obras, así como la participación de la población en la definición de lo que sobre su territorio busca impulsarse, son de los principales argumentos críticos identificados por los opositores a los megaproyectos, para quienes esto ha ocurrido en un marco de opacidad, autoritarismo y violencia, con potenciales consecuencias en el desplazamiento de poblaciones y el despojo de sus territorios. En este contexto, el presidente ha echado mano a un recurso que ya había utilizado como jefe de gobierno: la implementación de las consultas ciudadanas. Cabe señalar que no sólo fueron útiles como elemento de legitimación política, sino que además pretendían ampliar la participación y conocer la opinión de la población. La primera consulta se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre de 2018 en medio de la polémica de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Un mes después, del 24 al 25 de noviembre de 2018, se efectuó la segunda, en la que por medio de 10 preguntas se indagaba: sobre obras de infraestructura y programas sociales propuestos por el futuro Gobierno. […] el Tren Maya, la refinería de Tabasco, el tren interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos y la siembra de un millón de árboles frutales y maderables en el sureste,” entre otros temas (Vollenweider y Chaves, 2018). Las consultas ciudadanas generaron mucha polémica en la opinión pública, pues López Obrador anunció la reforma del artículo 35 de la Constitución para que pudieran ser vinculantes, además de facilitar los requisitos de manera que la propia ciudadanía pudiera impulsarlas y así contribuir al fortalecimiento de la democracia participativa; sin embargo los medios de comunicación hicieron cuestionamientos sobre la poca representatividad que tuvieron los directamente afectados por las obras consultadas, que no contaron con reglamentación formal para su implementación, y que en el caso del Tren Maya no tomó en cuenta la consulta previa, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Estos procesos, además, fueron impulsados en territorios en donde en campaña el ahora presidente de la Nación se había comprometido a no aprobar ningún proyecto que afectara el medio ambiente. A continuación, un resumen de los principales razonamientos críticos a estos proyectos: • Tren Maya. Ampliamente cuestionado por la inconformidad que ha generado la falta de información completa sobre el proyecto; la inexistencia de adecuados estudios de impacto ambiental; el limitado tiempo de consulta de la MIA; la violación al derecho a consulta previa, libre e informada; la consulta popular entre las comunidades; la falta de procesos de licitación para su construcción; la evidencia del impacto negativo
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