59 • VI. Conclusiones México vive desde hace ya largos meses el preámbulo de un nuevo proceso electoral en el que se renovará no solo la titularidad del Poder Ejecutivo, sino también 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 30 congresos locales y 9 gubernaturas, incluida la de Puebla. Nos aproximamos a ese momento bajo la inercia de una creciente crispación y polarización social propiciada por los actores políticos en pugna, que eleva los riesgos de una mayor descomposición de la convivencia y pondrá a prueba la capacidad de nuestra frágil institucionalidad democrática para gestionar cabalmente este proceso. Desafortunadamente, la racionalidad de la competencia por el poder no hace previsible que los próximos meses las fuerzas en contienda modifiquen su pauta de actuación para que el electorado decida el sentido de su voto en las condiciones más propicias y con los mejores elementos de juicio. En entornos como este, en el que la violencia y la injusticia persistentes en nuestro país se pueden convertir en un sustrato altamente inflamable y provocar que se reduzcan aún más los cauces indispensables para procesar virtuosamente la conflictividad inherente a toda sociedad diversa y asimétrica como es la nuestra, se subraya la urgencia de que la Universidad cumpla el papel político que le corresponde. La universidad no puede, por definición, ser una institución neutral. Especialmente en una época en la que las sociedades se hallan enfrentadas a enormes riesgos y desafíos, las universidades se encuentran de cara a la disyuntiva de orientar su acción a convalidar y perpetuar el sistema imperante u optar por la verdad, la justicia y la paz y, en consecuencia, buscar la transformación del estado de cosas en beneficio prioritariamente de los menos favorecidos. Así ha buscado hacerlo la IBERO Puebla a lo largo de sus 40 años de historia y así lo hará en esta nueva coyuntura, guiada por el magisterio de Ignacio Ellacuría, quien entendía la vocación política de la Universidad como un llamado ineludible de carácter ético y como una dimensión central de sus responsabilidades para con la sociedad, indisociable de sus funciones sustantivas. Pero dicha acción política ha de ser coherente con los tres criterios que Ellacuría enunció para cuidar que la politicidad de la universidad no se simplifique ni se convierta en una falsificación; a saber: su especificidad universitaria, su proyección social y su opción preferencial por los pobres. Ello significa que la acción política de la universidad debe ser realizada, en palabras del propio Ellacuría, por “los universitarios en tanto que universitarios y por la universidad en tanto que universidad”, lo cual supone que el modo En una época en la que las sociedades se hallan enfrentadas a enormes riesgos y desafíos, las universidades se encuentran de cara a la disyuntiva de orientar su acción a convalidar y perpetuar el sistema imperante u optar por la verdad, la justicia y la paz.
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