DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 49 co por una o dos horas al día o a la semana, lo que genera un déficit muy grande en la atención. Esto sin contar que realmente no existe un acceso a la salud con enfoque diferencial. Existen algunas brigadas ginecológicas, pero no a todas las mujeres privadas se les realizan. Por decir, si existen 50 cupos durante un día, entonces las que alcancen, muchas mujeres no alcanzan a realizarse exámenes de citología anual, o el examen de seno para evitar el cáncer; las mujeres embarazadas no siempre pueden acudir a los controles periódicos recomendados. No hay un enfoque diferencial frente al tema de salud. Lo mismo ocurre con la atención psicológica y psiquiátrica que también es bastante deficiente. Encontramos que el tratamiento psiquiátrico se reduce a entregar pastas o prescribir medicamentos psiquiátricos sin ningún seguimiento clínico. Esto representa un problema porque cuando las personas no pueden acceder a estos medicamentos desarrollan problemas de ansiedad, que son muy difíciles de manejar al interior de los centros, pues pueden derivar en episodios de violencia. El último eje es el de justicia y administración pública. En éste nos enfocamos en la respuesta de los derechos de petición, que debería ser lo mínimo a lo que las personas privadas tengan acceso, y resulta que este tema ni siquiera se cumple. Entonces, las personas privadas envían los derechos de petición y las respuestas no se dan en los términos legales, ni se dan respuestas de fondo, muchas veces se les concede la tutela, pero esto no quiere decir que se les ampare el derecho. Por otro lado, hay un problema muy grande con los defensores públicos. En Colombia hay un déficit de defensores públicos, cada uno tiene un número de casos muy altos. Esto lleva a que a la población sentenciada se le vea como población con la que ya no hay nada que hacer y, por lo tanto, reciben muy pocas visitas de sus defensores. Los defensores públicos muchas veces proveen una mala defensa, por ejemplo, asesoran sobre seguir la vía legal más práctica mediante la aceptación de cargos. Esto hace que no exista no sólo un debido proceso, sino que no exista un proceso justo, porque las personas, muchas veces, no saben cuál es el procedimiento, no saben qué opciones tienen, y terminan aceptando cargos por consejo de los defensores. Esto no redunda siempre en un beneficio, por el contrario, esto genera un represamiento en la administración de justicia. Finalmente, además de estos ejes, abordamos también el tema de la tortura y los tratos o penas crueles e inhumanos, a pesar de que no están dentro de las órdenes de la Corte Constitucional, pero la Comisión de seguimiento lo ha ido trabajando con el objetivo de visibilizar estos tratos al interior de las prisiones. Nos dimos cuenta de que no solamente se maltrata a los privados de libertad, sino que también se maltrata a los familiares y a las personas que los visitan. También, corresponde a malos tratos los castigos que reciben. Sanciones corporales como los aislamientos prolongados, la reducción de alimentos o el acceso al agua potable e, inclusive, las requi-
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