52 Primavera 2015 Finalmente, la historia muestra que la expansión crediticia de la banca de desarrollo ha estado acompañada de una motivación política que ha culminado en una morosidad que se contagia y destruye a las instituciones financieras. En este sentido, aun cuando en el corto plazo las instituciones públicas pudieran reemplazar en alguna medida a las instituciones privadas, es probable que en el corto plazo tal sustitución sea regresiva, pero que a mediano plazo culmine en un contexto caracterizado por la retirada del financiamiento público y la presencia de un sector de entidades de ahorro y crédito popular sumamente debilitado. Expandir el financiamiento público es una medida que puede presumirse desde el inicio de su operación. No es casual su popularidad y recurrencia. Sin embargo hay medidas más difíciles de construir, pero cuyos resultados pueden ser más duraderos. Al considerar la dificultad para reducir la pobreza y la informalidad, el espíritu de las medidas alternativas que aquí proponemos parte del supuesto de que son las entidades de ahorro y crédito popular las que tienen mayor potencial de generar un efecto progresivo sobre la distribución de oportunidades financieras. Considerando lo anterior, un primer objetivo de las medidas que deberían tomarse consiste en emparejar el piso entre los distintos intermediarios regulados. Para tal fin, entre estas medidas se encuentran: la entrada de las Socaps a los sistemas de pago de bajo valor así como a la red de cajeros bancarios; buscar mecanismos para que dichas entidades puedan acceder al financiamiento de la banca de desarrollo; examinar la pertinencia de que las Socaps y Sofipos más grandes y estables financieramente tengan acceso a las facilidades de liquidez que otorga el Banco de México. Un segundo objetivo debe consistir en impedir prácticas anticompetitivas que pongan en situación desfavorable a las entidades de ahorro y crédito popular. A este respecto, es necesario buscar mecanismos que eviten que el combate al lavado de dinero se convierta en un instrumento que permita –a los bancos– obstaculizar la operación diaria de las sociedades financieras populares. Paralelo a esto, y reconociendo la importancia que tienen las marcas, es necesario que la autoridad revalúe el uso de la marca “banca”. Los términos como corresponsales bancarios, la comisión bancaria y de valores, etc., son expresiones que, de alguna manera, ponen en lugar secundario a las demás entidades no bancarias. Si se busca posicionar a una nueva figura es necesario un marketing por parte del Estado que genere un grado de confianza que sea compatible con el hecho de que son entidades supervisadas por la misma institución pública que vigila la labor de los bancos. Para ello es fundamental que la cnbv cuente con los recursos necesarios para constituir un área especializada en la supervisión cotidiana de estas instituciones. Hecho ello, se deben hacer modificaciones para modificar el contexto actual caracterizado por contar con tres supervisores pues ello fomenta la laxitud en la supervisión. Asimismo, se debe pasar de un sistema de supervisión delegada a otro en el que la cnbv supervisa directamente a todas las entidades de ahorro y crédito. Un tercer objetivo consiste en construir instituciones más eficientes y seguras en sus operaciones. A este respecto, es necesaria la constitución de políticas públicas que incentiven la fusión de entidades de ahorro y crédito popular. Focalizar el financiamiento público de segundo piso y canalizar a precios preferentes las transferencias públicas son medidas que pueden permitir alcanzar economías de escala y organización, elementos que son necesarios para crecer. Finalmente, es también necesario promover la competencia entre las entidades de ahorro y crédito popular. La información contenida en distintas bases de datos sugiere que cuatro instituciones microfinancieras detentan más de 70% del total de activos, depósitos, préstamos y clientes de la industria de microfinanzas en México.4 Sin embargo, ante las importantes diferencias que hay en sus metodologías y nichos de mercado, es poco probable que exista una férrea competencia entre ellas, lo cual explica, en parte, las altas tasas de interés que se observan en el mercado mexicano (ver Cotler, 2013). En este sentido la política pública tiene el reto de encontrar mecanismos para detonar dicha competencia. Para tal fin, resulta necesario una política pública que incentive la fusión de instituciones con la finalidad de generar una masa crítica de instituciones medianas que estén en capacidad de alcanzar economías de escala y organización.5 A este respecto, si bien debe continuarse apoyando la constitución de nuevas sucursales y el fortalecimiento de las instituciones ya existentes, debe dársele especial atención a aquellas que muestren una senda de sostenibilidad financiera. Las medidas aquí propuestas buscan elevar el potencial de financiamiento en un contexto de un sistema financiero más incluyente. Y donde el término inclusión no sólo debe entenderse con relación a las personas que tienen acceso a sus productos sino también al tipo de institución financiera que participa de dicho sistema. 4 A nivel agregado el sector de las Socaps y las Sofipos presenta un grado de concentración que supera al de la banca. En ambos sectores, la institución más grande concentra un poco más del 40% del total de activos. 5 Si bien este proceso debiera ser natural en una economía de mercado, la existencia de donativos y de ingentes líneas de crédito del sector público permite la sobrevivencia de muchas instituciones que, en otro caso, tenderían a asociarse con otras más grandes. La historia muestra que la expansión crediticia de la banca de desarrollo ha estado acompañada de una motivación política que ha culminado en una morosidad que se contagia y destruye a las instituciones financieras.
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