51 Algunas reflexiones en torno al impacto de la reforma sobre la oferta crediticia a sectores de bajos ingresos Como se desprende de la sección anterior, suponer –como hace la reforma financiera– que hay una baja oferta de financiamiento institucional para microempresarios y personas de bajos ingresos no está tan alejado de la realidad. Considerando la importancia que tiene el financiamiento para entrar en nuevos nichos de mercado, adquirir tecnología apropiada y financiar el capital de trabajo, la reforma financiera –al momento de escribir este texto– se está materializando en un importante incremento de la oferta crediticia. Asimismo, buscando elevar la intensidad de la competencia –como mecanismo para bajar las tasas de interés– se promueve –entre otras medidas– la creación de un buró de instituciones financieras y, seguramente, se promoverán mecanismos que permitan la portabilidad del financiamiento, mayores facilidades para que las instituciones no bancarias ofrezcan tarjetas de crédito, etcétera. La expansión crediticia por parte de la banca de desarrollo, la transformación de instituciones financieras como Financiera Rural, programas como Procampo y Oportunidades son, sin lugar a dudas, pasos ya tomados que se reflejarán en incrementos sustanciales del financiamiento. A su vez, gracias a la estabilidad macroeconómica alcanzada desde hace varios años, dicho financiamiento será ofrecido a tasas de interés muy cercanas a las que consiguen las empresas más grandes y con mejor reputación crediticia del país. Si bien esto, a priori, es una buena noticia para los deudores, puede acarrear consecuencias negativas para el sector de ahorro y crédito popular, lo cual posiblemente conduzca a un entorno poco favorable en mediano plazo. Cuatro factores pueden generar tal situación. Primero, el financiamiento público en el primer piso2 seguramente vendrá acompañado de una tasa de interés que obligará a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y al Banco Compartamos a reducir sus costos operativos y a cambiar su nicho de mercado con el fin de poder competir. En este sentido es probable que veamos un efecto expulsión. Si bien podría argüirse que dicho efecto es parte integral de la competencia, es menester recordar que la tasa de interés que cobrarían las instituciones y los programas públicos por su financiamiento pudiera ser similar a una política comercial de dumping, práctica que a nivel mundial es castigada. En segundo lugar, es probable que –por la cercanía a centros urbanos y la participación en redes– los principales beneficiarios del financiamiento público sean –en términos relativos– los microempresarios menos riesgosos. En este sentido, una agresiva ampliación del financiamiento público puede conducir a que los potenciales deudores de las entidades de ahorro y crédito popular se vuelvan más riesgosos, con el consiguiente debilitamiento financiero de dichas entidades. Tercero, una agresiva ampliación del financiamiento público en un contexto en el que ni la banca de desarrollo ni los programas públicos están obligados a reportar sus operaciones crediticias a las dos sociedades de información crediticia que existen en el país, conduce a que se debiliten los mecanismos que tienen las entidades de ahorro y crédito popular para mitigar los riesgos crediticios.3 Cuarto, una expansión desmesurada del financiamiento público en el segundo piso reduce implícitamente la necesidad de buscar captar el ahorro privado. Tomando en consideración que el financiamiento y el ahorro sirven también como mecanismos de aseguramiento, este menor impulso a la captación reduce las ganancias de bienestar de los individuos pues reduce los incentivos a la generación de productos de ahorro y de seguros y deja en una situación de mayor vulnerabilidad a entidades como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 2 Por lo general el financiamiento puede ser de primer o de segundo piso. En caso de ser de primer piso, la institución financiera pública decide a quien prestarle y ella asume los costos operativos y el riesgo de impago. En el caso de ser un prestamista de segundo piso, la institución financiera pública canaliza sus recursos de manera condicionada (pues decide qué características debe tener la población atendida) a instituciones financieras del sector privado para que sean estas últimas las que determinen a quien prestarle. A diferencia del primer piso, cuando el financiamiento es de segundo piso, los costos operativos y el riesgo de impago lo asume la institución financiera privada. 3 Las dos sociedades de información crediticia que hay en el país son el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito. Suponer –como hace la reforma financiera– que hay una baja oferta de financiamiento institucional para microempresarios y personas de bajos ingresos no está tan alejado de la realidad
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