36 Primavera 2015 Una vez “identificado el problema” y tomada la decisión desde lo alto de las cúpulas del poder corporativo, se dio inicio al trámite legislativo que fue ejecutado sin mayor discusión ni oposición por parte de los partidos políticos reconocidos en el Congreso de la Unión. De este modo se ratificó el clásico alineamiento de todos los partidos políticos a la misma política globalizadora y neoliberal con la que se han protegido e impulsado los intereses del gran capital corporativo en los últimos años. Así las cosas, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (lft), el que contiene la tan cacareada reforma laboral, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012. Ante la opinión pública, la reforma laboral ofreció mejoras económicas para los trabajadores del campo y la ciudad. Su oferta principal era la generación de empleo estable y bien remunerado. De igual manera, se prometía un incremento de los ingresos de los trabajadores, señalando la posibilidad de que hubiese pagos de productividad o por hora trabajada, medida que, tentativamente, se esperaba que pudiese tener una amplía acogida en el sector de servicios y de hotelería. Otra ventaja adicional de la liberalización de los mercados laborales sería el lograr una mayor agilidad en la impartición de justicia laboral, a fin de alcanzar una estricta observancia de los derechos laborales de los trabajadores. Asimismo, se insinuaba que la reforma de la lft permitiría reconocer legalmente los esquemas de contratación laboral que ya existían de facto, pero que en la legislación del trabajo no estaban regulados. Por ende, se deseaba incorporar nuevas reglas que limitaran el uso de la terciarización o subcontratación de los trabajadores a través de esquemas legales para la práctica del outsourcing. Un elemental componente de justicia social fue igualmente prometido como supuesto efecto de la reforma. Las siguientes tres medidas le darían concreción: a los trabajadores del campo se les debería reconocer como jornaleros o trabajadores estacionales y, en consecuencia, podrían gozar de prestaciones laborales, de seguridad y de acceso a capacitación y salud; se establecería un sistema de inspección del trabajo más estricto, de tal modo que cuando se detectara trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo familiar, se ordenaría que de inmediato cesara en sus labores y, por último, se establecería un criterio de igualdad en las percepciones de los trabajadores, de manera que imperara el principio de “a igual trabajo igual remuneración” y se previniera así cualquier forma de discriminación salarial derivada de diferencias por motivo de origen étnico, nacionalidad, género, preferencia sexual, edad, discapacidad, condición social, religión, adscripción política o estado civil. Finalmente, la reforma se remató con un dispositivo relativo a la transparencia sindical para, presumiblemente, acabar con el charrismo sindical y democratizar la vida interna de los sindicatos. Desbordados por un exceso de optimismo, los promotores de la reforma laboral prometieron que hacia finales del año 2013 se verían los primeros resultados positivos de ésta; sin embargo, todos los indicadores que hoy se registran presentan un saldo negativo, como se muestra a continuación. 1. En cuanto a la generación de empleo, el gobierno de Peña Nieto prometió que con la entrada en vigor de la reforma laboral se generarían 300 mil empleos por año, adicionales a los que ya se venían generando; sin embargo, el aumento del desempleo continúa y hacia enero de 2014 alcanzó la cifra de 228 mil personas 2. En lo que hace a la mejora de los ingresos, puede advertirse que el salario continúa estancado en tanto que la inflación se eleva por encima de las remuneraciones de los trabajadores 3. No ha habido juicios laborales ágiles. Incluso, se reconoce que una buena parte de los reglamentos que debían actualizarse a los seis meses de entrada en vigor de la reforma laboral, aún no están listos y se arrastra una enorme carga de expedientes en trámite, anteriores a diciembre de 2012 4. La práctica de la terciarización no se ha detenido, sino que ha mantenido el ritmo de crecimiento exponencial que desde principios del presente siglo ya exhibía. Con la legalización de la práctica del outsourcing cada vez son más las empresas privadas que transfieren a sus empleados hacia sociedades cooperativas y sindicatos con la finalidad de reducir el costo fiscal que representa pagar las prestaciones de seguridad social y otros beneficios que legalmente les corresponden a los trabajadores 5. La transparencia sindical no se ve por ningún lado. Las alianzas corporativas entre empresarios, dirigentes sindicales y autoridades laborales han provocado que lo dispuesto en el artículo 371 de la lft, en el sentido de que los estatutos de los sindicatos dispongan el procedimiento para la elección de la directiva y el número de sus miembros (salvaguardando el libre ejercicio del voto y con las modalidades que acuerde la asamblea general, ya sea por votación económica directa, votación indirecta o votación directa y secreta) en la vida cotidiana de los sindicatos no pasa de ser un buen deseo 6. Los supuestos beneficios de justicia social, como el criterio de igualdad en el trabajo, el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas y la protección del trabajo infantil, simplemente se han quedado en el papel 7. Como producto de lo anterior, México perdió 11 posiciones en el Índice de Competitividad Global 20132014 del Foro Económico Global que, entre otras cosas, mide la eficiencia del mercado laboral, al pasar en un solo año de la posición 102 a la 113 a nivel mundial.1 1 El Financiero, 10 de febrero de 2014.
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