30 Primavera 2015 ocasiones las comunidades afectadas sólo se enteran de ellos cuando empiezan las obras, y los concesionarios exhiben ante sus ojos los permisos otorgados “desde arriba”. ¿Cuáles son, entonces, las estrategias que los pueblos y comunidades, y la sociedad mexicana en general, podemos poner en marcha frente a poderes tan avasallantes? ¿Cómo generar información confiable, útil y accesible para la gente y los pueblos sobre lo que está pasando y lo que está por venir? ¿Cómo desmantelar el doble discurso del binomio corporativo/gubernamental que cacarea progreso mientas siembra destrucción y muerte? Las respuestas no son sencillas, pero por fortuna hay señales de resistencia y creatividad por todas partes; hay grupos y comunidades enteras que trabajan juntos para generar o preservar las condiciones que hagan posible el buen vivir y la economía solidaria, en territorios vivos y pacíficos. Es así que los movimientos de oposición y resistencia a los megaproyectos mineros van logrando avances lentos, pero constantes; pues los intentos por parte de empresas y gobiernos de cooptar y corromper a los ejidatarios y comuneros no cesan. Hay muchos ejemplos que avanzan exitosamente, aún en contra de sus propias autoridades corrompidas por el poder de las empresas. En todos los procesos de resistencia y de lucha es importante destacar el papel activo de las mujeres, quienes han sido las primeras en enfrentarse con los invasores, y cuya consistencia ética y política representa un factor clave en los éxitos logrados. Desde mi punto de vista, la presencia mayoritaria de las mujeres ha contribuido a preservar la integridad de los movimientos, pues ellas son, presumiblemente, más difíciles de corromper. Una de las estrategias más eficaces llevadas a cabo por las comunidades afectadas –que empezó en Centro y Sudamérica y ahora se extendió a nuestro país– es defender el territorio mediante las consultas autónomas y otros procesos como las moratorias. En México, por ejemplo, los núcleos agrarios pueden decretar territorios libres de minería, de transgénicos14 y de represas. En varios municipios indígenas, como Juchitán (Oaxaca) y Cherán (Michoacán), las comunidades están revitalizando el régimen de usos y costumbres para recuperar el control de sus territorios, expulsando a los depredadores y diseñando procesos de desarrollo autónomo, solidario y sustentable (Cendejas et al., 2014). Como parte de esto, se han acogido al Convenio 169 de la oit, que establece el derecho de los pueblos y comunidades a la consulta y el consentimiento informado, entre otras estrategias jurídicas exitosas. Hay signos, pues, de que de la resistencia y la oposición han surgido algunas cosas buenas, como el fortalecimiento de la identidad campesino/indígena, la creación de redes en defensa de regiones enteras, el desarrollo de capacidades orga14 Ver el trabajo de Adelita San Vicente Tello y Areli Carreón (2013) sobre la defensa comunitaria del maíz. nizativas y políticas, la incorporación de liderazgos femeninos y, también muy importante, la educación ciudadana de los más jóvenes al involucrarse con los mayores en la defensa y reconstrucción de los mundos de vida de sus comunidades15 (Povinelli, 2001; Krotz, 2011; Escobar, 2012; Velázquez y Lepe, 2013). Tanto para las comunidades afectadas por la ola exctractivista como para el resto de los ciudadanos se vislumbran retos enormes, pero no imposibles, tales como generar y difundir más y mejor información sobre los proyectos extractivos, que pueda generar respuestas rápidas de la población para oponerse y actuar a tiempo. Por ejemplo, la evidencia de impactos a la salud, al agua, a los cultivos, etc., puede hacer que la gente se movilice. En este aspecto las instituciones de educación superior y las organizaciones ciudadanas podemos articularnos para realizar investigaciones que involucren a las poblaciones potencial o realmente afectadas; podemos también contribuir a evidenciar y analizar las estrategias discursivas y los usos hegemónicos de las leyes y las instituciones del Estado, así como las de las empresas, que favorecen la acumulación de poder, privilegios y riqueza a costa del bienestar y los derechos de la población. Todo esto para potenciar las acciones de los actores locales en defensa de la vida y del territorio. Pues, como dice un líder campesino: “los impactos ambientales de la reforma energética nos afectarán a todos”. Para lo anterior es preciso, sin embargo, pasar por procesos de diálogo y reflexión que nos permitan despojarnos del paradigma mental neoliberal que como sociedad hemos adoptado: el paradigma del progreso, del individualismo, de la renta y la acumulación; de lo aprendido y naturalizado, como la colonización, la dominación, el racismo, la autoderrota (Castro, ibíd.). La resistencia necesita también pasar de la afectación inmediata y directa, a una más amplia, social y global. En este sentido los campesinos e indígenas son vanguardia, pero ya que los efectos desastrosos de la economía de acumulación por desposesión a corto o a largo plazo nos alcanzarán a todos, los habitantes de los núcleos urbanos hemos de ser capaces de solidarizarnos y actuar junto con los movimientos rurales. Esto significa sumarse a construir una cultura ambiental, económica y política en la que todos tenemos algo que aportar para cambiar el modelo extractivo y destructor del territorio, por otros posdesarrollos (Escobar, 2012) y otras economías,16 en los que se ponga por delante la vida humana y no humana, la comunalidad y la compartencia, entre nosotros y con la Madre Tierra. Eso sí sería un Buen vivir. 15 Ese es el caso de las fogatas de Cherán, que nacieron como puntos de vigilancia durante el periodo de sitio decidido por la población, y terminaron por convertirse en núcleos de organización y “escuelas de ciudadanía” para niños y jóvenes. Ver Velázquez y Lepe, 2013. 16 Ver Gonzáles Butrón en esta misma edición.
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