29 testimonios de comuneros, hay activistas muertos en la resistencia, asesinados por las propias empresas, o por los gobiernos locales a su servicio. Agua, salud, vida, alimentación, vivienda, todo se ve afectado por la nueva ola exctractivista, que se profundiza ahora con la reforma energética. Por esto, los movimientos de resistencia aumentan, en México y en todo el mundo (Castro, 2014). Tristemente, con la actual descomposición de los órganos del Estado, y el involucramiento del crimen organizado en prácticamente todos los giros económicos más rentables (Vargas y Valdez, 2011; Cendejas et al., 2014; Cendejas y Merino, 2014) cabe esperar más represión y violencia contra los activistas campesinos e indígenas, así como contra ambientalistas y defensores de derechos humanos.10 Pues en la lógica de los gobiernos “entreguistas” de los recursos de la nación, es más barato reprimir que pagar a las empresas por cancelar sus concesiones, como lo exige la Organización Mundial de Comercio (omc). Si damos crédito a la palabra de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales,11 que incluye a los movimientos comunitarios en contra de la minería, en México hay, actualmente, cerca de 45 mil concesiones de megaproyectos al sector privado internacional. Éstas incluyen agronegocios de monocultivo, plantas de energía eólica y solar, presas, carreteras, y ahora también contratos para la exploración, extracción y transformación de hidrocarburos. No hay monto que alcance para pagarles a las empresas, desde luego. Pero la pregunta es: ¿habrá dinero que pueda suplir la falta de agua, la destrucción del suelo, el arrasamiento de los bosques, la pérdida irreversible de especies y de culturas, la salud o la vida de miles de personas? En el movimiento mesoamericano y sudamericano, que lleva varias décadas en lucha contra el extractivismo minero, se ha llegado a la conclusión de que es muy difícil cambiar las leyes cuando su reforma o promulgación se han consumado. En este contexto, los afectados deben librar largas y agotadoras batallas legales por la defensa de sus derechos, con muy pocas probabilidades de lograr un fallo a su favor.12 Ciertamente, como lo afirman los líderes campesinos citados más arriba, “hay que resistir”, pero la resistencia y la movilización tienen un costo social muy alto, incluyendo vidas humanas. Además, el ritmo de la venta de los territorios y la entrega de los recursos es más veloz que cualquier proceso de resistencia.13 Por otra parte, la estrategia de las alianzas público-privadas incluye el ocultamiento sistemático de información sobre los proyectos, de tal manera que la etapa de exploración puede realizarse sigilosamente durante años; en muchas 10 Los representantes de organizaciones campesinas entrevistados por Hernández Navarro enfatizan que la reforma energética no contempla la creación de organismos de defensa de los derechos sociales frente a las corporaciones que la pondrán en marcha y se beneficiarán mayormente de ella. No hay, así, garantía de que se respeten los derechos de los campesinos. 11 Me baso en testimonios directos de comuneros y activistas vertidos durante el Seminario “Megaproyectos, territorialidad y autonomía en el México Rural”, al cual asistí de marzo a junio de 2014. 12 El Art. 23 Fracc. 15 permite a los núcleos agrarios defender el uso de suelo de su territorio. Es el último reducto que les queda a los campesinos de blindar sus territorios. El gobierno intenta romper esa última trinchera/límite. La estrategia actual ante eso es modificar la ley agraria, lo cual parece inminente en la anunciada reforma para el campo (Castro, 2014). 13 En este sentido, hay que recordar la rapidez con la que, apenas unas horas después de aprobarse la ley secundaria de la reforma energética, el Ejecutivo federal ponía sobre la mesa los primeros contratos para su firma con empresas petroleras transnacionales.
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