28 Primavera 2015 Ante el hecho consumado… ¿qué cabe esperar?, ¿qué se puede hacer? Como bien lo documenta Leïla Oulhaj en su artículo incluido en esta misma edición, los actores del sector social de la economía no esperan nada bueno de las reformas recientemente aprobadas. Al igual que los líderes campesinos, los cooperativistas vislumbran un horizonte cada vez más complicado para la sobrevivencia y viabilidad de las organizaciones socioeconómicas que no bailan al son que toca el capitalismo salvaje. En el caso específico de la reforma energética, Oulhaj cita el lapidario balance que hace un miembro de la cooperativa Tradoc8: » » Da un paso atrás, se entregan los recursos nacionales a transnacionales a precio muy bajo » » La aprobación del fracking (fractura hidráulica para extraer gas natural), cuando éste está prohibido en muchos países, es muy grave » » La afectación a los propietarios de tierra, por la obligación de rentarla si se supone que hay petróleo, así como la entrega del agua, es sumamente grave9 » » La afectación a los trabajadores de la cfe y petroleros. Si un trabajador quiere jubilarse, se requiere una modificación del contrato colectivo de trabajo, lo cual implica la eliminación de prestaciones. Mientras que el discurso y las campañas de propaganda del gobierno insisten en asegurar que no habrá afectaciones al medio ambiente, que los ejidos y comunidades saldrán beneficiados, que se creará riqueza y empleos para todos los mexicanos, el sector de la economía social y solidaria sabe que se trata sólo de palabras vacías. En los hechos, el despojo ya está teniendo lugar, como pueden dar cuenta de esto los comuneros de Juchitán, hoy en pie de lucha contra la voracidad y la violencia con la que empresas como la española Iberdrola están ocupando sus tierras para crear campos de generación de energía eólica. Las comunidades y sus bienes comunes están, pues, más que nunca, bajo acecho (Cendejas y Merino, 2014). Y ellas saben que no hay extracción petrolera ni minera que sean sustentables en el modelo neoliberal, como pretende hacernos creer el Estado mexicano. Saben que los megaproyectos extractivos deforestan, arruinan los suelos, fragmentan los ecosistemas y disminuyen la biodiversidad; que en la minería a cielo abierto se usan grandes cantidades de agua, y que ésta se contamina sin remedio con toneladas de sustancias tóxicas como el cianuro. El drenaje ácido es inevitable y sus efectos duran miles de años (Garibay, 2014). Los pobladores saben, además, que las empresas mineras y energéticas generarán problemas de salud –como aumento del cáncer y otras enfermedades– y aumentará la pobreza en las comunidades. Han sufrido en carne propia la amarga verdad de que para implementar las reformas se están violando todo tipo de derechos humanos: económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales (Krotz, 2009; Gonzáles Butrón en esta misma edición). Según 8 Trabajadores Democráticos de Occidente, Tradoc, es una empresa recuperada por los trabajadores después de una huelga de tres años contra las llanteras internacionales Continental y Euskadi. Se ubica en Ocotlán, Jal. 9 Este temor es compartido por comunidades y ejidos, en virtud de que la reforma permite la apropiación y uso de territorios para exploración y extracción de hidrocarburos, al considerar esta actividad como “de interés público”.
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