12 Otoño - Invierno 2013 y 1998) ha llamado la atención respecto de las diferencias entre economía popular de solidaridad y economía solidaria, enfatizando el carácter político/ideológico de la segunda, así como la necesidad de examinar si estas experiencias son realmente alternativas, en términos de las relaciones sociales que van construyendo y de la capacidad para lograr la viabilidad económica de modo autónomo. Para Quijano, la economía popular es un nuevo desarrollo del polo marginal que presenta combinaciones diversas de mercado y reciprocidad, siendo importante no invalidar las experiencias por tener cierto peso en el mercado, sino considerar el balance global y su orientación predominante: hacia el mercado o hacia la reciprocidad. Teniendo en cuenta estos planteamientos, no sería conveniente situar la reflexión sólo en la discusión conceptual, sino ir a la vida cotidiana de las experiencias de solidaridad económica, con el fin de conocer si ellas producen y viven de un modo diferente al capitalista donde prevalecen relaciones de dominación-explotación-racismo, y si en conjunto pueden prefigurar una sociedad anticapitalista orientada al Buen Vivir; se trata de identificar si estas organizaciones se rigen por una racionalidad solidaria como fundamento de las relaciones sociales, basada en la relación sujeto-sujeto, orientada a la desmercantilización del trabajo, la subjetividad y la vida (López y Marañón, 2013). Para esto es necesario contar con una definición operativa que sintetice los atributos básicos, referidos a la racionalidad y las relaciones sociales, que hablarían de un adecuado desempeño económico y social, considerando los criterios planteados por Quijano (1998, 2006 y 2008): reciprocidad,1 entendida como el intercambio de trabajo y fuerza de trabajo sin pasar por el mercado, la igualdad social y la comunidad como forma de autoridad colectiva; reforzando la reciprocidad a partir de la democracia directa como institución central para la toma de decisiones no sólo en la trama económica sino en las distintas esferas de la vida social. Asimismo, Marañón (2009) propone añadir un criterio referido a la relación sociedad-naturaleza; y Collin y Torres (s/f) sugieren incluir la organización interna de la experiencia (forma de propiedad, tecnología, uso y remuneración del trabajo), así como las relaciones que establecen con el mercado, el Estado y otras experiencias solidarias. Un aspecto adicional que las distingue es que no se proponen la obtención de beneficios desigualmente distribuidos (Quijano, 1998: 134; Marañón, 2010). Finalmente, otra cuestión de vital importancia que no debe obviarse en el análisis es la viabilidad económica. Las organizaciones surgen, como se ha comentado, para tratar de resolver las necesidades 1 Una discusión más amplia sobre la reciprocidad en López (2012). básicas de los trabajadores, por tanto, cada organización debe ser económicamente sostenible. Todos estos aspectos deberían ser evaluados dentro de la tensión entre reciprocidad y mercado (Quijano, 2006). Teniendo en cuenta estos criterios, se propone la siguiente definición operativa: […] se trata de unidades económicas populares organizadas colectivamente, con diversas características en términos de su origen, tipo de organización, escala de operación, ámbito de actividad, dotación de recursos, vínculos con el mercado y con el Estado, pero que tienen como rasgo principal una nueva racionalidad no instrumental, centrada en relaciones sujeto-sujeto y que busca una convivencia equilibrada entre seres humanos y con la naturaleza. En términos de las relaciones sociales estas unidades están basadas en la reciprocidad como forma de control del trabajo y en una apropiación no desigual y privada (capitalista) de los excedentes generados, en la igualdad, en la comunidad como forma de autoridad colectiva y en el derecho de la naturaleza a la existencia y reparación (Marañón y López, 2013: 41). Así, una perspectiva conceptual y analítica específica podría contribuir a caracterizar, de manera rigurosa, las experiencias colectivas de solidaridad económica, más allá de lo normativo y de las posturas particulares de los protagonistas mismos, lo que podría evitar tener una apreciación sobreestimada o subestimada de este universo social. Asimismo, considerar las especificidades de las organizaciones de solidaridad económica contribuye al mejor entendimiento de éstas y, en esa medida, favorecen el diseño de políticas públicas orientadas a su promoción. La política pública como un campo de disputa Se entiende la política pública como: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce (Villanueva, 1992). Además, las políticas públicas reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino también el conflicto entre éstos, al establecer las prioridades (Kraft y Furlong, 2006). En este contexto, la participación en los procesos de políticas públicas significaría impulsar, defendiendo la autonomía, no sólo reivindicaciones sobre apoyos en materia de crédito, producción, transformación, consumo, capacitación, educación, entre otras, sino la
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