8 -ALTERNANCIA Y PERSISTENCIA DEL AUTORITARISMO Las distintas teorías de la democracia siempre incluyen la alternancia partidista en el poder como una condición necesaria para una experiencia democrática. En México, sobre todo a nivel subnacional, hemos comprobado que esa condición no es suficiente; la larga hegemonía del PRI ha sobredimensionado la alternancia. Quitar al PRI de Los Pinos, de Casa Puebla o de cualquier caciquismo local se convirtió en una buena bandera política, partidista y de oposición. La alternancia se convirtió en punto de llegada y no en punto de partida. En Puebla se alcanzó la alternancia después de ocho décadas de hegemonía priista. ¿Qué seguía? El sexenio de Moreno Valle Rosas no fue muy distinto a los gobiernos subnacionales que venían sucediéndose en toda la república desde el año 2000. Habrá que recordar que durante el priato, el Presidente tenía la facultad política de remover a los gobernadores cuando estos le significaban problemas de costo político. Así ocurrió con el primer Moreno Valle, quien no terminó el sexenio por represión social y política, y así ocurrió con 17 gobernadores que durante el salinismo fueron removidos por distintos motivos, pero todos ellos relacionados con el margen de maniobra del gobierno federal. Al irse el PRI de la Presidencia, automáticamente el país vivió una descentralización política nunca antes vista. Por primera vez los gobernadores de los estados alcanzaron un grado de autonomía política que, para empezar, no le debían lealtad ni asumían cierta responsabilidad política ante el Presidente en turno (fuese Fox o Calderón). El fenómeno político, iniciado por Roberto Madrazo Pintado, entonces gobernador de Tabasco, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se profundizó en los últimos 15 años. Ese fenómeno político lo llamamos “enclaves autoritarios subnacionales”. Edward Gibson es un politólogo norteamericano que ha investigado los últimos años sobre la concentración de poder de los gobernadores en sistemas políticos federales. Ha explorado la relación entre las políticas territoriales y el autoritarismo subnacional a partir de las agendas estratégicas, tanto de los políticos nacionales como de las autocracias locales. Esa agenda de estrategias de unos y otros estaría dada por las posibilidades de que tanto los partidos políticos nacionales como ciertas instituciones nacionales (ejecutivo, legislativo o judicial) obliguen o presionen para desbaratar ciertos enclaves autoritarios subnacionales. Un ejemplo de ello es la petición de Gustavo Madero cuando presidió al Partido Acción Nacional para que la última reforma electoral (2014) vislumbrara que el Instituto Federal Electoral asumiera las elecciones estatales en virtud del control de los gobernadores de los órganos electorales locales. Se hizo el cambio, el IFE se transformó en Instituto Nacional Electoral (INE) y se estableció una relación de responsabilidad entre los órganos electorales locales (ahora llamados OPLES) y el órgano electoral nacional. De esta forma, se creía, se quitaba a los gobernadores una de sus políticas de control territorial (controlar al árbitro local). A juzgar por lo acontecido en las elecciones para gobernador en 2017, tanto en el Estado de México como en Coahuila, la reforma ha sido un fracaso estrepitoso. Siguiendo con Gibson, la otra parte de la lucha territorial se da de abajo hacia arriba. Las agendas de las autocracias locales estarían dadas por minimizar y eludir las presiones democratizadoras nacionales a partir de lo que Gibson denomina “control de límites” (Gibson, 2008: 18). El control de límites estaría dado por la capacidad de las élites políticas locales para evitar la nacionalización de conflictos locales, la construcción de alianzas con actores nacionales y, particularmente, con la sobrerrepresentación de su provincia o territorio en las cámaras de representantes nacionales. Un ejemplo de ello fue el servicio político de la bancada panista de Puebla a los intereses y objetivos del gobierno priista federal. La alianza tejida entre RMV y EPN no solo se observó en los negocios de la obra pública, sino en el apoyo tácito de los diputados panistas federales de Puebla al presupuesto de egresos de 2017 que presentó Enrique Peña Nieto y al que se opusieron todos los panistas, menos los panistas poblanos que votaron con el PRI dicha iniciativa. Pero, sobre todo, el “control de límites” es una vieja consigna feudal de política territorial puesta en marcha por la Iglesia católica. Me refiero a la erección de diócesis, espacios territoriales de gobierno para un obispo en el que es imposible a lo largo de los siglos verificar la interferencia de otro obispo en dicho espacio o el que el obispo gobierne su territorio sin sobresalto alguno. Es lo que ocurre con la autonomía de los gobernadores desde el año 2000. Las facultades metaconstitucionales a las que se refería Jorge Carpizo en “El presidencialismo mexicano”, se trasladaron a los gobernadores. Rafael Moreno Valle Rosas llegó al gobierno de Puebla con la bandera del cambio y la alternancia, pero no tardó en poner en marcha su política de “control de límites”. Desde el primer día ese “control de límites” se puso al servicio de un solo objetivo: construir la candidatura presidencial. Como muchos exgobernadores, y con el ejemplo ya mostrado por Enrique Peña Nieto, Moreno Valle alentó a su grupo a prospectar el gobierno subnacional para auparse a es-
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