28 estado para que se le permitiera pasar los últimos días con su familia, luego de que su estado de salud se decretara como delicado; detenido por ministeriales del estado presuntamente sin elementos que demostraran su culpabilidad. Otro caso menos conocido ocurrió en La Magdalena Tetela, en el que muere un menor de edad de nombre Luis Ángel León Cid (www.proceso.com.mx. Recuperado 3 de febrero de 2017); este se suscita en una supuesta pesquisa de roba ductos de Pemex (huachicoleros); al igual que en el caso Chalchihuapan, se quiso culpar a la gente del lugar. Un suceso que también tuvo una recomendación de la CNDH, con número 56/2013, es el que se produce por la detención de presuntos asaltantes de un tracto camión, y es sobre el uso excesivo de la fuerza pública y trato indigno que concluyó con la muerte de uno de los detenidos. Los hechos sucedieron recién comenzado el sexenio: por denuncia del robo de un tracto camión se detiene a tres personas a quienes trasladan a los separos de la Policía Federal, ahí son torturados para que declararan su culpabilidad y posteriormente son trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, donde ingresan al área de robo de vehículos y asalto al transporte; ahí también fueron golpeados y, al momento de trasladarlos al área de periciales, uno de ellos se desvaneció por un choque hipovolémico hemorrágico secundario por contusión profunda de abdomen con estallamiento de hígado, asunto que se trató de limitar en los medios de comunicación por las aspiraciones a largo plazo del gobernador. 2. Derecho humano a la libertad. La persecución en contra de activistas sociales y periodistas durante la administración de RMV fue radical; según cifras dadas en el foro de Informes Ciudadanos de la Universidad Iberoamericana Puebla (livestream.com/iberopuebla/events. Recuperado 3 de febrero de 2017), a la fecha hay 355 presos políticos, entre los que se encuentran los presidentes municipales o expresidentes: Leonardo Báez Serrano, militante de Acción Nacional, recluido en el penal de San Miguel; el edil de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, detenido fuera de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento (SDUOP); la líder campesina Enedina Rosas Vélez, presidente del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan; el exsecretario de Medio Ambiente en el sexenio marinista, Francisco Castillo Montemayor, acusado del delito de peculado por más de 39 millones de pesos; Rubén Sarabia Sánchez (Simitrio), detenido con una sentencia de 51 años y medio “por violar un acuerdo de preliberación” al que estaba sujeto desde el 2001; Xihuel Sarabia Reina, detenido fuera de la iglesia de San Antonio (intoleranciadiario.com/detalle_ noticia/139536), y su hijo mayor en la Ciudad de México, como lo señala dicho diario; así como integrantes de grupos de San Miguel Canoa, La Resurrección, Chalchihuapan, jóvenes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a los que se les acusa de actos vandálicos, a los defensores de Cholula (opositores a las obras turísticas en Cholula), Adán y Paúl Xicale, así como Teódulo Cuaya, pobladores de Cacalotepec, el líder de transportistas, concesionario de la ruta “Galgos del Sur”, Ángel Sierra de la Rosa, detenido justo antes de iniciar sus operaciones la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). Aunque siempre se negó ante los medios que no existiesen presos políticos en Puebla. 3. Acceso a la justicia. Para el año 2016, en Puebla ya había 81 feminicidios documentados, hasta el momento de elaborar el presente trabajo no se había decretado la alerta de género, a pesar de la solicitud hecha por dos organizaciones sociales. Ante las presiones mediáticas, de grupos de la sociedad civil, universidades y marchas de los familiares de las víctimas, y debido a las aspiraciones presidenciales de RMV, se intentó maquillar el tema de los feminicidios. Sin embargo, al término del sexenio aumentó en 700% la cantidad de feminicidios en el estado, con un total en el sexenio de 255 (livestream.com/iberopuebla/events/. Recuperado 7 de febrero de 2017), con 6.3 mujeres muertas al mes, lo que hace que Puebla sea uno de los estados con mayor incidencia en este delito.
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