26 Violaciones a los derechos humanos, desde detenciones irregulares, muertes, amenazas, feminicidios, la promulgación de una ley que legitimó el uso excesivo de la fuerza pública, hasta destrucción del medio ambiente y el patrimonio cultural de la humanidad, fueron cometidos durante la gubernatura de Mario Marín Torres (2006-2011); además del icónico caso de Lydia Cacho, en el que el atropello a la integridad y los derechos humanos de la periodista fue expuesto en los medios masivos de comunicación a partir de la filtración de una llamada telefónica del empresario Kamel Nacif, cuyo impacto político a escala local, nacional e internacional contribuyó, sin duda, a la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El nuevo candidato, Rafael Moreno Valle Rosas (RMV), que se postuló por medio de una gran coalición formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Nueva Alianza (PANAL), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, parecía en su momento que era un nuevo tipo de político, pero desde que tomó posesión de la gubernatura se externaron sus aspiraciones para ser presidente de la República para el periodo (2018-2024), lo que lo llevó a aparentar un supuesto crecimiento económico y de infraestructura en Puebla, todo por encima de una flagrante cantidad de violaciones de derechos humanos; al día de hoy, según organizaciones no gubernamentales, se contabilizan al menos 355 presos políticos, así como una infinidad de amenazas a periodistas, líderes sociales, integrantes de organizaciones sociales, académicos e incluso ciudadanía en general. El presente trabajo pretende demostrar el saldo negativo que deja el sexenio de Rafael Moreno Valle a la ciudadanía en general y en todos los niveles de la administración pública estatal, con el aval u omisión de una Comisión Estatal de Derechos Humanos debilitada y sometida, con una gestión gris y opaca frente a la cantidad de afrentas a los derechos fundamentales. Como señala Ferrajoli, la crisis de legalidad “se expresa en la ausencia o en la ineficiencia de los controles, y, por lo tanto, en la variada y llamativa fenomenología de la ilegalidad del poder” (Ferrajoli, 2010). El estado de Puebla, durante los años del gobierno de RMV, vivió esta crisis de legalidad en el poder, ya que lo usó para tener al congreso de ambas legislaturas sometido y para poder maniobrar libremente; incluso la legislatura se quedó para seguirle sirviendo, aún ya no siendo gobernador, porque al momento de terminar su periodo constitucional el congreso permaneció un año ocho meses y con ello aprobar la cuenta pública de su sexenio tranquilamente. Asimismo, la (antes) Procuraduría General de Justicia del Estado también sufrió cambios estructurales al ser sustituida por la Foto: Cuartoscuro
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