22 se solicitaron en formato electrónico. En vista de lo anterior, se interpuso un recurso de revisión cada año,17 el mismo al tratarse de la misma situación y plantearse los mismos argumentos de defensa. Los tres recursos fueron sobreseídos, pues, en los días previos a que estos fueran analizados en la CAIP, los acuerdos de revisión fueron entregados como se habían solicitado. Aunque a la CAIP le tocó constatar esta pauta de comportamiento, su silencio fue cómplice. - TRANSPARENCIA, LA SIMULACIÓN Como lo dio a conocer la organización Artículo 19 en un informe especial que publicó en agosto de 2015,18 el contexto local de opacidad mantuvo bajo amenaza la garantía del derecho de acceso a la información y, con ella, el régimen de transparencia en la Puebla de la alternancia. El cambio de modalidad sin causa justificada y la firma de acuerdos generales para reservar información en paquete, como lo constató el Nodo de Transparencia, no fueron las únicas vías con las que se buscó impedir el acceso a la información pública. La ratificación del recurso de revisión, la discriminación por tipo de solicitante, el uso con dolo de la prórroga a la hora de atender las solicitudes y la desaparición de información notoriamente existente, fueron otras estrategias que siguieron los sujetos obligados de la administración morenovallista para conseguir el mismo propósito. Ante este escenario, la captura del órgano garante representó la pieza con la que se cerró el circuito para instaurar una política restrictiva del acceso a la información pública. La CAIP, ahora ITAIP, no solo fue parcial, sino que actuó deliberadamente en contra del acceso a la información pública. Por ello, la transparencia en la gestión de Moreno Valle puede resumirse en la palabra simulación. El mismo gobierno que promovió leyes de transparencia suficientemente bien construidas, se enfocó en disuadir el acceso a la información con prácticas como las documentadas. Dicho de otro modo, se avanzó en el perfeccionamiento de la norma al tiempo que se puso en marcha una política de opacidad en aquellos casos de interés público al estar involucradas grandes cantidades de recursos públicos. ¿Cumplió Moreno Valle sus promesas? Por un lado, la ley de 17 Los recursos quedaron registrados en los expedientes 64/SI-11/2013, 81/SI-02/2014 y 83/SI-03/2015. 18 El informe lleva por título “Transparencia, la deuda de Moreno Valle” y fue elaborado con apoyo de periodistas y activistas por el derecho a saber para visibilizar las prácticas violatorias y hostiles del gobierno de Moreno Valle hacia el ejercicio de este derecho; puede consultarse en: https:// es.scribd.com/doc/275089387/Transparencia-la-deuda-de-Moreno-Valle transparencia aprobada a finales de 2011 y que entró en vigor en 2012 fue bien evaluada por organizaciones sociales y representó un salto cualitativo positivo a nivel nacional. Sin embargo, el ejercicio ciudadano expuesto confirma que una buena legislación no basta cuando la voluntad política es contraria a ella, y que pese a ser de calidad, esta no se traduce en gobiernos transparentes. La nueva ley que sustituyó a aquella en mayo de 2016, en la recta final de la administración morenovallista, es también un marco jurídico de calidad que se sujeta a lo dispuesto en la ley general, y no por ello se puede sostener que el gobierno regulado es más transparente. Por lo que toca al órgano garante, su composición ha quedado notablemente lejos de ser ciudadana, entendiendo por esta expresión el hecho de ser cada vez más independiente del poder político. Una institución integrada por perfiles adecuados en experiencia, conocimiento, capacidad y probidad, es producto de procesos de designación claros, abiertos, transparentes y participativos a los que se resistió el congreso local en repetidas ocasiones. Más aún, si la promesa inicial fue que la CAIP no sirviera al gobierno estatal para “entorpecer el acceso a la información pública”, el saldo fue justamente el contrario, como si la obstrucción hubiera sido trazada como hoja de ruta. Así, el órgano garante de la transparencia le dio la espalda a la ciudadanía. La captura institucional durante el sexenio y su lógica transexenal es, quizá, uno de los resultados más nocivos del morenovallismo, pues revela un talante autoritario de ejercer el poder: mediante un control corruptor, sin contrapesos ni rendición de cuentas. En correspondencia, la relación entre gobierno y ciudadanía quedó debilitada, acentuándose la desconfianza. El gobierno de la alternancia quedó a deber en este rubro. La captura institucional durante el sexenio y su lógica transexenal es, quizá, uno de los resultados más nocivos del morenovallismo, pues revela un talante autoritario de ejercer el poder.
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