68 El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha propuesto cuatro acciones para lograr un gobierno eficiente y eficaz, que puede generar condiciones adecuadas para el cumplimiento de las funciones de las autoridades y que, por supuesto, impactarían en las condiciones programáticas y presupuestales: 1. Acotar las posibilidades de corrupción en compras y obra pública; 2. Lograr finanzas públicas sanas y responsables a nivel subnacional; 3. Implementar acciones para digitalizar a los gobiernos locales del país; y 4. Avanzar en los pendientes de la Reforma de Transparencia. Bajo esos supuestos, el estado de Puebla representa un ejemplo claro de que las deudas contraídas se han incrementado en más de 300% en los últimos años de gobierno, a la par de estados como Sonora y Aguascalientes (IMCO, 2015:219).11 Habría que considerar también - Discusión y conclusiones Partiendo del marco internacional de los derechos humanos, en el contexto estatal se presentan cinco problemáticas referidas por la CIDH que condicionan la progresividad y favorecen la regresividad en el campo de la seguridad ciudadana: 1) La atención a las víctimas de la violencia y el delito; 2) la privatización de los servicios de seguridad; 3) la gobernabilidad de la seguridad ciudadana; 4) la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales, y 5) la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana (CIDH, 2009: X).11 En cuanto a la atención a las víctimas de violencia y delitos, señalamos que la política de seguridad estatal ha permanecido en una línea de confrontación y reacción ante la delincuencia, dejando de lado el diseño de una política preventiva eficaz que considere las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones al derecho a la vida, es decir, el Estado tendría que garantizar que no sólo los marcos normativos contengan medidas suficientes para disuadir cualquier amenaza a la vida, sino el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, como lo ha recomendado la CoIDH.12 En años recientes, como se da cuenta en la numeralia descrita en los apartados del Informe, ante las pérdidas humanas y el daño a la integridad física, psicológica y moral, debido a los enfrentamientos y conflictos derivados de la delincuencia organizada, la criminalidad y las violencias, el gobierno debe responder a su obligación positiva de proteger y preservar el derecho a la vida, más allá de centrar sus esfuerzos en el escenario al que Sánchez ha denominado la privatización de los espacios territoriales 11 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (2015). Índice de Competitividad Internacional 2015. La corrupción en México: Transamos y no avanzamos. México: 219. 12 Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C, núm., 149, párrafo 125. la posibilidad de adecuar la política fiscal respecto de los principios de derechos humanos toda vez que la disponibilidad de los recursos públicos para la aplicación de medidas, programas y acciones permitirían que haya un avance en ese sentido, como se ha expuesto ante la CIDH por diversas organizaciones de la sociedad civil: Para cumplir con sus obligaciones de proteger y hacer realidad progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, los estados se encuentran obligados a utilizar y generar el máximo de recursos disponibles en forma eficiente, equitativa y no discriminatoria, así como garantizar el acceso a la información, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en asuntos tributarios (Benumea, 2015: s/p.). La política de seguridad estatal ha permanecido en una línea de confrontación y reacción ante la delincuencia, dejando de lado el diseño de una política preventiva eficaz. Rúbricas XIII Seguridad ciudadana
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