Rúbricas XIII Derechos humanos en Puebla 67 Tabla 2. Presupuesto autorizado para prevención del delito Ejercicio fiscal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Monto anual 562,384.45 3,194,393.85 3,327,370.87 3,349,033.00 3,351,589.00 3,154,348.00 3,135,130.00 Fuente: INFOMEX Folio 00218617. Lo anterior tiene implicaciones en la progresividad de la seguridad ciudadana porque los sistemas relacionados con ésta, como el sistema policial y el de administración de justicia, deben contar con los recursos materiales y humanos para solventar diversas necesidades y brindar una respuesta eficaz a las víctimas de violencia y delitos. - Delitos que han representado mayor preocupación en Puebla Desde 2014 hasta 2016, la tasa de prevalencia delictiva abarcó en la entidad: los delitos de robo total o parcial, robo o asalto en calle o transporte público, extorsión, robo en casa habitación, fraude, entre otros, subrayándose que Puebla ocupó el cuarto lugar en los delitos que se cometen con armas, después del Estado de México, Ciudad de México y Jalisco (ENVIPE, 2014-2016). La delincuencia organizada disminuyó en los últimos cinco años (2011-2016) en la mayoría de las entidades federativas, en cambio, para 2016, los resultados más críticos se presentaron en el Estado de México, Puebla, Nuevo León, Campeche y Colima. En el caso de Puebla, la tasa de delincuencia organizada en el año 2011 era relativamente baja, pero para 2016 se quintuplicó (Institute for Economics & Peace, 2017: 18). El 4to. Informe de Gobierno (2014:542) confirma que Puebla se ubicaba en el último lugar, en los delitos del fuero federal, pero eso se ha ido modificando. Los datos anteriores resultan alarmantes porque los crímenes de delincuencia organizada en el ámbito estatal posicionan a Puebla como uno de los estados con mayor deterioro en estos indicadores en relación con el resto de los estados (Institute for Economics & Peace, 2017: 18). En particular, se han puesto al descubierto dos problemas nodales vinculados a la falta de incapacidad estatal para atender la inseguridad: Puebla registra el primer lugar a nivel nacional en robo de hidrocarburo (Llave, 2017) y el segundo lugar en casos de linchamiento (Rodríguez y Veloz, 2014). Por consiguiente, es fundamental reconocer que la violencia y la delincuencia afectan la integridad personal y el Estado está obligado a implementar acciones de prevención y medidas operativas para tal efecto, sobre todo para los grupos en mayor vulnerabilidad (CIDH, 2009). De acuerdo con la CNDH, las víctimas de delitos requieren de una operación efectiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas toda vez que aún hay entidades federativas pendientes por crear sus comisiones ejecutivas estatales, como en el caso de Puebla.10 - La corrupción en Puebla: una condición transversal que favorece la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos En el caso de Puebla, el problema de la corrupción se reconoció abiertamente desde la administración del gobernador Mario Marín. En su Primer Informe de gobierno (Gobierno del Estado de Puebla, 2006) se señalaba que la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003 ubicaba a Puebla en primer lugar a nivel nacional en corrupción, lo que generó, entre otras acciones, la creación de la Fiscalía Anticorrupción, así como las primeras actividades de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) (ídem: 73). Pareciera que, en contraste, las acciones emprendidas habían tenido un impacto puesto que, para 2010, Puebla había descendido a la posición 15 en el Índice de Corrupción y Buen Gobierno. Pero, a pesar de los esfuerzos, en el Primer Informe de Gobierno de Rafael Moreno Valle (2012) también se reportaba que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, Puebla ocupaba el último sitio sobre la Imparcialidad de los Jueces (IGI-MEX, 2016). Conforme al artículo 6 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, el Sistema Estatal Anticorrupción tiene por objeto: establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinacion entre los entes publicos senalados en la presente Ley, en la prevencion, deteccion y sancion de faltas administrativas y hechos de corrupcion, asi como en la fiscalizacion y control de recursos publicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la politica estatal en la materia. 10 CNDH (2016). Informe Anual de Actividades 2016. Víctimas del delito. Disponible en: http://informe.cndh.org.mx/ menu.aspx?id=10056.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY4MjU3