60 - Introducción En América Latina el concepto de seguridad ha evolucionado, dejando atrás algunos enfoques de regímenes autoritarios como los de “seguridad nacional”. No obstante, en México y otros países aún existen prácticas arraigadas a dicha doctrina de seguridad nacional que incluye la noción del “enemigo interno”, la cual se enmarca en un régimen represivo, caracterizado por el terror y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, mediante un modus operandi de colaboración entre las fuerzas de seguridad (CIDH, 2011: 10): De conformidad con esta ideología, la noción de enemigo interno conceptualizó, no sólo a los grupos armados insurrectos, sino que fue ampliándose progresivamente hasta abarcar cualquier opinión o movimiento disidente o diverso del discurso oficial, incluyéndose a intelectuales, artistas, estudiantes, docentes, líderes sindicales y otros múltiples actores que sufrieron las consecuencias de la violencia sistemática durante el conflicto armado interno (CIDH, 2011: 10, párr. 28). La incorporación de iniciativas de seguridad militarizada, como la Ley de Seguridad Interior,1 aprobada en diciembre de 2017, que pretende, entre otras acciones, legitimar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, da cuenta del interés continuado por mantener modelos autoritarios que no trascienden a un verdadero régimen democrático. Aunque, por otro lado, prevalece un discurso y puesta en marcha de estrategias como la Policía de proximidad, un sistema de operación policial para restablecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y fortalecer la cohesión social (Secretaría de Gobernación, 2016). No obstante, como señala Bayley, […] la actividad policial puede tener una influencia profunda no sólo en la opinión y los juicios que las personas se forman sobre el gobierno, sino también en la vitalidad de procesos tan esenciales para la vida política en democracia como la posibilidad de votar, expresar, publicar y reunirse (2006: 19). El cuestionamiento de algunos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, respecto de la Ley de Seguridad Interior, se relaciona con los resul1 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21/12/2017, Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. tados y efectos que ha generado la militarización en la última década en el país; casos como Tlatlaya y Ayotzinapa han dado muestra de la violencia y las violaciones a derechos humanos por parte del Ejército (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015; Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2017; Centro Pro DH, 2017).2 El estado de Puebla también está en la mira a consecuencia de los sucesos registrados en la zona del Triángulo Rojo (lugar etiquetado por el robo de combustible como “huachicol”; los municipios comprendidos en esta franja son: Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tecamachalco).3 Ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, diversos organismos, municipios y partidos han presentado acciones legales por considerarla violatoria a derechos humanos, entre ellos: el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; esta última organización considera como derechos fundamentales violados: el derecho a la seguridad jurídica, derecho de acceso a la información pública con relación al principio de máxima publicidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el principio pro persona, el principio de progresividad (CNDH, 2018). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concibe a la seguridad ciudadana como un elemento base de la seguridad humana, cuya protección se circunscribe frente a las amenazas provenientes de 2 También véase: PRODH (28 de febrero de 2017). Comunicado: #SeguridadSinGuerra: ONU, CNDHy expertos urgen a salir del paradigma de seguridad militarizada. Disponible en: http:// www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&- view=article&id=2267%3Aseguridadsinguerra-onu-cndh-y-expertos-urgen-a-salir-del-paradigma-de-seguridad-militarizada&- catid=209%3Afront-rokstories&Itemid=1&lang=en 3 Es importante reconocer que Puebla únicamente había reportado dos agresiones en contra del personal militar (una en 2009 y otra en 2011), según el Folio 0000700211714 INFOMEX, a partir de la solicitud realizada en la investigación Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta opacidad, realizada por Silva, Pérez y Gutiérrez (2014). En el mismo informe se puede constatar que Puebla no figuraba en los enfrentamientos descritos con motivo del crimen organizado en Palmarito Tochapa, el día 3 de mayo del año en curso, a partir de los cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja y tiene en curso una investigación, derivada de las imágenes de videograbación difundidas en redes y medios, en las que se observa que un militar dispara a un civil. Rúbricas XIII Seguridad ciudadana
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