Rúbricas XIII Derechos humanos en Puebla 39 de la CIDH sobre su misión a México, Edison Lanza (2018), al menos el 99.6% de los delitos contra la libertad de expresión no son esclarecidos. Ese contexto nos hace pensar en una doble vulnerabilidad: la primera es la de la agresión, la segunda la de la falta de acceso a la justicia. Si a esto sumamos la exigencia y necesidad de cubrir zonas de alto riesgo, como aquellas en las que ocurre el robo de combustible, la vida de las y los periodistas se encuentra en una profunda vulnerabilidad por varios aspectos. El primero de ellos es, evidentemente, el de la amenaza a sus vidas, pero a éste se suma la falta de seguridad laboral, no sólo en cuanto a la precariedad salarial, sino a que generalmente no existen protocolos o garantías de seguridad para realizar coberturas en zonas de alto riesgo; además, en algunos casos, se presume la posibilidad de que las empresas periodísticas condicionan el pago de las quincenas a que realicen la cobertura de alguna nota en zonas de alto riesgo sin ninguna clase de protección. A partir del informe de derechos humanos que realizó el IDHIE, para marzo de 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no ha atraído ningún caso de Puebla en el periodo 2013 a abril de 2018, de acuerdo con su informe estadístico, pero tiene 24 averiguaciones previas y ha iniciado 10 carpetas de investigación de 2016 a 2018, a lo que se suma el registro de dos periodistas asesinados, uno en 2012 y otro en 2013. Este registro, cabe señalar, no considera, por ejemplo, el asesinato de Aurelio Cabrera Campos, director de El Gráfico de Huauchinango en 2016. En este sentido, de acuerdo con cifras oficiales, Puebla sería el décimo estado con mayor número de carpetas de investigación, el décimo primero con mayor número de averiguaciones previas, y el décimo quinto en cuanto a registro de homicidios. Por otra parte, la Red Puebla de Periodistas tiene un registro de 53 agresiones entre 2014 y 2017. Cabe señalar que, de acuerdo con el registro del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, existen seis personas en Puebla dedicadas a esta labor que cuentan con dicha medida: dos mujeres y cuatro hombres; esto con datos de la Secretaría de Gobernación hasta mayo de 2017. En el informe del IDHIE se detallan algunos relatos respecto a las agresiones que han vivido periodistas en el estado de Puebla. En correspondencia con aquello que los informes de Article 19 mencionan, son funcionarios públicos a quienes se identifica como principales perpetradores. Aunado a ello, también han ocurrido agresiones en el espacio digital. Por ejemplo, durante la cobertura sobre la represión policial contra la manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en 2014, los portales de Diario Cambio y de La Jornada de Oriente registraron tres ataques cibernéticos, mismos que se sumaron a los 20 identificados de 2009 a 2015, lo que, hasta ese último año, hacía que Puebla concentrara el 30% de los ataques a nivel nacional durante dicho periodo. En esa línea se identificó que, desde 2014, comenzó a operar un sistema de espionaje contratado por la Oficina del Gobernador. Sobre ello pueden consultar ampliamente el informe de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el seguimiento que hizo el portal de noticias Lado B. Baste recordar, por ahora, que el gasto erogado por la contratación de los servicios de Hacking Team, asciende a 7 millones 578 mil 200 pesos; suponiendo que fuese legal dicha operación, el gasto no es justificable. Por otra parte, la seguridad de periodistas también se puede ver desde una perspectiva de género, pues las agresiones contra mujeres periodistas tienen componentes que evidencian una especificidad que no se halla en las agresiones contra periodistas hombres. En este sentido, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC, 2016: 67), en 2015, documentó 79 hechos violentos contra mujeres periodistas, de los cuales Puebla ocupó el tercer lugar con el 7.5% (lo equivalente a cinco casos), después de la Ciudad de México y Veracruz. - Acceso a la información Como parte del ejercicio periodístico está la posibilidad de acceder a la información, tanto por los mecanismos institucionales para hacerlo como por la apertura de los distintos organismos para hacer llegar la información que están generando todos los días. De tal forma, se han evidenciado prácticas que van en detrimento y contradicen la vocación ideal que deberían tener esas instituciones para transparentar su ejercicio. El periodismo es uno de los puentes clave para hacer llegar la información de las instituciones públicas, por lo que obstaculizar el acceso se traduce también en una manifestación de opacidad sobre las prácticas institucionales frente a la ciudadanía. En 2016 se armonizó la Ley de Transparencia del Estado de Puebla con la Ley General en la materia. Una de las adecuaciones realizadas en dicha legislación fue modificar el periodo de reserva a cinco años con posibilidad de ampliación de otros cinco. Previamente, el plazo de reserva de información estaba asentado en siete
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